El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales ocupaciones de la población en general. No hay comunidad autónoma en España donde el acceso a la vivienda y la escalada de precios sea un problema. En el caso de la Región, el 63 % de sus ciudadanos ve con incertidumbre su capacidad para acceder a una vivienda en el futuro, un 42 % se declara "bastante preocupado", y un 21 % "muy preocupado", siendo los jóvenes de 18 a 24 años (77%) y las familias numerosas (75%), los perfiles que sienten mayor inquietud, según el II Barómetro de la Vivienda de Grupo Mutua Propietarios. Solo un 30 % afirma sentirse tranquilo ante la evolución de este asunto que se sitúa como una de las principales preocupaciones de los españoles.
De acuerdo con los indicadores de Grupo Mutua Propietarios, la mayoría de los habitantes de la Región, y de forma especial los colectivos vulnerables (jóvenes y aquellos con menores ingresos) se muestra escéptica ante el impacto de las políticas públicas en la vivienda y, por tanto, cree que no impulsarán una bajada del precio de los inmuebles. "En concreto, el 34 % las considera contraproducentes, un 38 % sin ningún efecto, y solo el 7 % admite que pueden ser efectivas y cumplir con su objetivo", detalla el estudio.
Como consecuencia de ello, un 61 % de los ciudadanos de la Región se muestran pesimistas y esperan que el precio de la vivienda aumente durante 2025, un 44% estima subirá entre un 5% y un 10%, un 17 % apunta a incrementos superiores al 10%. En contraste, solo un 7 % confía en que los precios se mantendrán estables.
Otros datos que detalla el estudio es que los ciudadanos de la Región consideran que esta situación afectará a su vida diaria y que deberán realizar sacrificios para amortiguar los precios de compra o alquiler de su hogar como "disminución de la capacidad de ahorro (51 %), reducción del ocio y la vida social (35 %) o cambio de residencia (24 %) son las principales consecuencias que este mercado tensionado tendrá en sus vidas".
El informe del Grupo Mutua Propietarios apunta a la especulación y compra de propiedades con fines de inversión (32 %) como la principal causa del aumento del precio de los inmuebles, seguida de la escasez de viviendas disponibles (28 %), mientras que un 27 % de los ciudadanos señalan a la intervención insuficiente del Gobierno para regular los precios como una de las causas principales.