MURCIA (Efe). La Fiscalía ha pedido un año y medio de prisión y multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año para los integrantes de una antigua Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Murcia por desobedecer el mandato judicial que la obligaba a facilitar la actuación de la Junta de Edad nombrada para la convocatoria de elecciones.

El juzgado de instrucción de Murcia que ha dirigido las investigaciones, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acaba de acordar la apertura del juicio oral contra los acusados, entre los que figura la expresidenta del Colegio Amelia C.G. Señalan las conclusiones provisionales del ministerio público que por acuerdo de septiembre de 2016 el Consejo General de Colegios de Enfermería estimó el recurso de alzada interpuesto contra la convocatoria de elecciones y declaró la nulidad de la misma por falta de publicidad suficiente, así como de los actos posteriores.

Asimismo declaró vacantes todos los cargos colegiales y requirió al Colegio de Enfermería de Murcia para que en el plazo de diez días remitiera al Consejo el censo electoral, al objeto de designar la Mesa de Edad que sería la encargada de proceder a la convocatoria de los comicios.

La decisión fue recurrida por la directiva ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que desestimó la apelación, y, con posterioridad, no cumplieron la resolución de la Sala de lo Contencioso del mismo, que les dio diez días de plazo para cumplir el fallo contenido en la misma.

No obstante, añade la fiscalía, los acusados "han venido incumpliendo los mandatos de la autoridad tanto administrativa como judicial, no facilitando al Consejo el censo de colegiados y dificultando el nombramiento de la Junta de Edad y la subsiguiente convocatoria de elecciones".

Además, dice que "han prolongado indebidamente su mandato, llevando a cabo actos propios de su función ejecutiva y representativa, para los que no tenían legitimidad, como la convocatoria de un nuevo proceso electoral en marzo de 2017". Igualmente, siempre según la acusación estatal, "adoptó acuerdos tales como anular la celebración del Homenaje al Jubilado, comunicaciones a Colegios, firma de convenios con otras entidades, apertura de cuentas bancarias o atribución a Amelia C. de la representación del Colegio en actos oficiales como presidenta del mismo".