En 2025 se practicaron en España 24.540 lanzamientos judiciales. Casi ninguno fue noticia.
El de Maricarmen, en 2026, sí lo fue. Desalojada el 23 de septiembre de la vivienda del barrio de Retiro en la que llevaba décadas viviendo y fallecida el 7 de octubre en el hospital del que no llegó a salir. Para entonces ya se había alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar a su casa.
Nada de lo que sigue resta un ápice a su situación personal ni al dolor de quienes la acompañaron. Pero su caso permite observar algo que va mucho más allá de ella, cómo decide una sociedad de qué habla y cómo eso condiciona lo que después se legisla.
La atención pública no se distribuye según la gravedad de los casos, sino según su capacidad para contar una historia. Respondemos mucho más ante una persona con nombre y rostro que ante una cifra. Veinticuatro mil lanzamientos son una estadística. Una mujer de 87 años es una historia.
Pero no cualquier historia. Esta reunía todos los elementos de un relato eficaz: setenta años en la misma casa, un contrato firmado por su padre en 1956, un barrio céntrico y, enfrente, un fondo de inversión. Un conflicto que cualquiera entiende sin necesidad de explicárselo.
Hubo además tiempo. Cuatro intentos de lanzamiento dieron margen para que el caso creciera, para que se organizara la respuesta y para que los medios estuvieran presentes el día decisivo. Hubo organizaciones capaces de transformar un conflicto individual en una reivindicación colectiva. Y hubo contexto, la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y un caso así ofrece, a partidos, organizaciones y medios, la oportunidad de reforzar sus respectivos relatos.
Tras su fallecimiento, su nombre ha aparecido en declaraciones de distintas fuerzas políticas, cada una con su propia lectura, y ha terminado asociado incluso a un real decreto-ley. Es comprensible. Pero conviene recordar que el problema que su caso simboliza no apareció en septiembre. Quienes hoy la invocan llevan años gobernando, en unas administraciones u otras, con el diagnóstico del problema y la solución encima de la mesa.
El problema de los buenos relatos no es que sean falsos. Es que seleccionan una parte de la realidad y dejan el resto fuera. Y cuanto más sencillo resulta identificar a una víctima y a un responsable, más posibilidades tiene una historia de imponerse sobre las demás.
El caso de Maricarmen respondía a un contrato de renta antigua, una figura residual dentro del mercado actual del alquiler. El desahucio habitual se parece poco a ese caso. Y, aunque los grandes tenedores tienen un protagonismo considerable en el debate público, la mayor parte del parque de alquiler está en manos de propietarios particulares.
Muchos conflictos enfrentan a un inquilino con dificultades para pagar y a un pequeño propietario que puede necesitar esa renta para complementar sus ingresos. No siempre hay un responsable evidente ni una solución que no perjudique a alguna de las partes.
Esos casos también existen, pero tienen menos posibilidades de convertirse en símbolo. No hay un villano fácilmente identificable, ni una imagen de portada, ni una lectura que encaje cómodamente en los discursos habituales. Son realidades más difíciles de contar.
Tampoco resulta sencillo construir un relato alrededor de las causas estructurales del problema. España lleva años creando más hogares que viviendas construye. Aumentar la oferta exige suelo disponible, seguridad jurídica, financiación, trabajadores cualificados y procedimientos administrativos que no se prolonguen indefinidamente. Son problemas conocidos, pero sus soluciones tardan años en producir resultados.
Un plan urbanístico que necesita una década, una licencia que se eterniza o un suelo que nunca llega a desarrollarse no generan acampadas en la Puerta del Sol. No tienen rostro. Tampoco permiten señalar a un único culpable.
Y aquí aparece el riesgo. Cuando el debate público se construye alrededor del caso más fácil de contar, las respuestas políticas tienden a diseñarse para ese caso. Se legisla pensando en el fondo de inversión, en el desahucio de una anciana y en la imagen que ha conmovido al país. Pero la norma resultante se aplica después a miles de situaciones que pueden ser muy diferentes: al pequeño propietario, al inquilino con recursos, al joven que busca su primer alquiler o a quien se plantea poner una vivienda en el mercado.
Una regulación puede proteger eficazmente a quienes ya tienen un contrato y, al mismo tiempo, reducir los incentivos para ofrecer nuevas viviendas en alquiler. Puede resolver un conflicto inmediato y trasladar parte del coste a quienes todavía están buscando casa. Esos efectos son menos visibles, más difíciles de atribuir a una decisión concreta y, por tanto, mucho menos atractivos para el relato político.
Una buena historia sirve para abrir un debate, para señalar que algo no funciona y para obligarnos a mirar donde antes no mirábamos. Pero no puede sustituir al análisis de los datos, de las causas y de las consecuencias cuando llega el momento de legislar.
Porque si elegimos la realidad que nos sirve para construir el relato, en lugar de construir el relato a partir de la realidad, corremos el riesgo de resolver muy bien el caso que salió en televisión y muy mal los miles que nunca lo harán..
Maricarmen merecía atención. Los que no tienen nombre, también.
