No pasa una semana sin que el Gobierno de Pedro Sánchez y su partido, el PSOE, se vea conmocionado por escándalos que atentan contra su línea de flotación. Los escándalos de corrupción, los problemas judiciales del entorno de Pedro Sánchez y, últimamente, los escándalos de acoso sexual socavan la credibilidad del Gobierno y del PSOE. Lo hacen con gran eficacia, además, porque se dirigen a la línea de flotación del Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó al poder en 2018 con una moción de censura motivada por una sentencia judicial, la del caso Gürtel, centrada en la corrupción del PP. Y porque el PSOE y el Gobierno han hecho bandera firmemente de la defensa de las mujeres y del feminismo como uno de sus principales objetivos políticos y banderas electorales.

Todo este desgaste guarda similitudes con el que también sufrieron los gobiernos de Felipe González en sus últimos años. Pero aquel Gobierno disfrutó de mayoría absoluta hasta 1993 y de una mayoría estable, merced al apoyo de los nacionalistas catalanes, hasta 1996. De hecho, fue la pérdida del respaldo de CiU a los Presupuestos el principal factor que motivó el adelanto de las elecciones a marzo de 1996 (que Felipe González perdió por la mínima). Pedro Sánchez ya ha perdido ese respaldo (el de Junts, sucesor de CiU), no tiene mayoría parlamentaria y su legitimidad política para continuar en el poder, sin poder aprobar Presupuestos ni apenas leyes, es dudosa. Además, las encuestas resultan demoledoras para el Gobierno, con mayorías de la oposición (PP y Vox) que a veces alcanzan el 50% de los votos, y por supuesto la mayoría de los escaños en todos los sondeos que se publican, salvo el del CIS.

Además, el Gobierno afronta ahora una serie de elecciones autonómicas en Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla y León, donde lo más probable es que no sólo el PP revalide los gobiernos que actualmente ostenta, sino que además el PSOE experimente un importante desgaste electoral. Y esto no se deberá, o no sólo, al acoso mediático que pueda pensar el Gobierno que está sufriendo, o a sentencias e instrucciones judiciales más que discutibles (un reciente ejemplo de ello sería la fascinante sentencia del Tribunal Supremo, que parece sustentarse en el muy jurídico precepto de que "cuando el río suena, agua lleva", o que se condena al Fiscal General del Estado porque los jueces del Supremo piensan que es culpable, y no porque esto haya quedado demostrado), sino a la pérdida, cada vez más evidente, del apoyo mayoritario de la sociedad. Puede que la llegada de la extrema derecha dé mucho miedo, pero el actual Gobierno da pena y produce hastío.

Conviene detenerse, además, en cuál está siendo el legado de Pedro Sánchez para la izquierda. Más allá de ostentar el poder en La Moncloa (en precario, sin apenas capacidad de maniobra parlamentaria), los años de Pedro Sánchez están socavando enormemente la presencia de los partidos de izquierda en comunidades autonómicas y municipios relevantes. Conviene recordar que, en 2018, cuando Sánchez llega a La Moncloa, el PSOE y sus socios gobernaban en: Andalucía, Extremadura, Aragón, la  Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra, Baleares y Castilla - La Mancha. Desde entonces, la izquierda ha perdido Andalucía, Extremadura, La Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, y sólo ha conseguido a cambio el Gobierno (en precario) de Cataluña (también gobernó Canarias en la legislatura 2019-2023). Es decir, que en 2018 la izquierda gobernaba en ocho comunidades autónomas (casi la mitad del total) y ahora lo hace en cuatro, mientras que el PP, apoyado en Vox, lo hace en once.

En comunidades como Andalucía o Extremadura, la hegemonía de la izquierda era, hasta la llegada de Pedro Sánchez, casi absoluta. En Andalucía nunca había gobernado la derecha, y en Extremadura sólo se dio el anecdótico gobierno de José Antonio Monago durante una legislatura. Ambos eran caladeros electorales del PSOE. Ahora lo son, con casi la misma contundencia, del PP.

Por supuesto, si nos fijamos en municipios importantes o capitales de provincia, la cosa es mucho peor, puesto que la izquierda ha perdido el poder en ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza o Sevilla, es decir, las cinco más pobladas del país, con la excepción de Barcelona (la única en la que permanecen en el poder).

La inoperancia y falta de credibilidad del Gobierno está detrás de esta erosión electoral. Es cierto que España vive una derechización de su electorado, pero conviene plantearse si esto se debe solamente al entorno global, como defiende el Gobierno, o a la combinación entre unos discursos muy agresivos con colectivos variopintos (metidos en el mismo saco de "fachas que no apoyan al Gobierno") y una acción de Gobierno incapaz de responder a los acuciantes problemas de la ciudadanía, y sobre todo de algunos de esos colectivos (como es el caso de la población joven, y entiéndase por "joven", a estas alturas, los menores de 45 años), que acaban engrosando las filas de los "fachas intolerantes" que ponen en peligro los salarios y prebendas de los miembros del Gobierno de España por aquello de que no quieren vivir en una habitación ni trabajar para enriquecer a sus caseros (¡la maldad inherente al facherío no tiene límites!).

Como toda respuesta, además de invocar eternamente la idea de que, si no están ellos, vendrá algo peor (la derecha y la extrema derecha), Pedro Sánchez se dedica a colocar ministros y exministros como cabezas de cartel electoral. Con ello, lo que consigue es transmitir la impopularidad del Gobierno a las comunidades autónomas que se disputan contra PP y Vox, con resultados previsibles. Y si no son ministros de inexistente carisma y estricta obediencia sanchista (como Diana Morant en la Comunidad Valenciana o Pilar Alegría en Aragón), se trata de figuras aún peores, como el candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que está procesado en el caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez y se sentará en el banquillo en mayo. Y que dio el lamentable espectáculo de obligar a una diputada de la Asamblea de Extremadura a renunciar, y a los cuatro que le seguían en la lista a no ocupar su puesto, para que pudiera hacerlo él y así ser aforado (lo que no le sirvió de mucho, porque igualmente los tribunales de Extremadura han considerado que procedía imputarle). ¿De verdad alguien piensa que es normal presentar a unas elecciones a un candidato que llega ya con la fecha del juicio fijada, y "avalado" por esas lamentables maniobras para obtener el aforamiento?

El "sanchismo" se ha convertido, definitivamente, en un activo tóxico, que deteriora electoralmente casi todo lo que toca. Para el PSOE, para sus socios electorales (véase el lamentable estado de Sumar), y desde luego para el propio Gobierno. Y los próximos meses, que probablemente alumbren una sucesión de victorias nítidas del PP, lo evidenciarán más claramente, por si fuera necesario. Porque, por muy ineptos o desagradables que sean en el PP y por mucho miedo o rechazo que genere Vox, la carga del Gobierno de España es cada vez más pesada, y más difícil de sostener. Y además, esta vez no parece que la erosión electoral del PSOE en comunidades autónomas y ayuntamientos le vaya a servir a Pedro Sánchez para mantener La Moncloa, como en 2023. Todo apunta, por el contrario, a que perderá más y más poder territorial y luego, como colofón, perderá el poder central. Así que, por autoconservación, comienza a estar claro que al PSOE y a la izquierda española le conviene convocar elecciones generales cuanto antes, previsiblemente perderlas, y ponerse a recomponer después el erial político y electoral que será el legado de Pedro Sánchez.