MURCIA. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) se ha opuesto a que se utilice el detector de mentiras durante la declaración del expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel como investigado en el caso de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena).

El ministerio público, en un escrito ha pedido al juzgado de instrucción que dirige la investigación abierta por este presunto caso de corrupción que no atienda la solicitud hecha en ese sentido por un letrado que ejercer la acusación particular.

Y añade que el detector de mentiras no constituye un medio de prueba aceptado por los tribunales españoles, por lo que no procede estimar la solicitud. En su escrito de solicitud de práctica de pruebas, el abogado Diego de Ramón pidió que previamente a la declaración de Valcárcel, fijada para el 16 de marzo, la gerencia de Justicia se dirigiera un centro de investigación de la Universidad de Granada que ha estudiado el funcionamiento del detector de mentiras con la técnica de la termografía.

El ministerio fiscal se ha opuesto también a una segunda petición del letrado, que reclamó que se llamara a declarar como testigo a Florentino Pérez, presidente de la empresa ACS, la constructora de la desalinizadora, al no considerarla necesaria por ahora.

En cuanto a la petición de esta acusación particular de que se ampliara la denuncia de la fiscalía a la Comunidad Autónoma de Murcia, el ministerio público también considera que no procede.

El que fuera presidente regional de Murcia fue citado a declarar en este caso por una providencia dictada por el juzgado de instrucción el pasado 3 de febrero, que lo investiga por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.

Sostiene la fiscalía en su denuncia que la construcción de la planta, cuya primera piedra fue colocada en 2006, ideada desde la iniciativa privada, fue asumida después por el gobierno regional con grave quebranto de los fondos públicos, presuntamente.

Según el contrato asumido por la administración regional, ésta se comprometía a pagar 600 millones de euros durante 25 años a la constructora aunque el volumen de agua consumido no llegase a las cifras inicialmente previstas.

Esta causa, que afecta solo a Valcárcel, es independiente de la que se tramita en otro juzgado por la misma obra, en la que aparecen como investigadas varias personas, entre ellas el que fue consejero de Agricultura y Agua del gobierno murciano Antonio Cerdá.