MURCIA (EFE).  Los vecinos de la urbanización Joven Futura, en la pedanía murciana de Espinardo, han comenzado esta semana una ronda de manifestaciones para exigir al ayuntamiento que ponga en marcha los trámites para legalizar la situación de las 1.300 viviendas cuya construcción fue rechazada por la justicia hace diez años.

Los vecinos afectados se concentraron ayer en el jardín Poeta José María Álvarez para exigir una solución al limbo judicial en el que se encuentran, y volverán a manifestarse a las puertas del Ayuntamiento el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con la celebración del pleno municipal de este mes.

Esta urbanización se construyó en base una modificación del Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) realizada en 2005 y que fue anulada por el Tribunal Supremo en 2015 al considerar que carecía de los informes obligatorios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que garantizaran suficientes recursos hídricos en la zona.

Para legalizar estas viviendas, y una vez obtenido el informe favorable de la CHS, es necesario modificar de nuevo el PGOU, un trámite que se planteó iniciar en la Comisión de Urbanismo en noviembre de 2023 pero que, sin embargo, quedó paralizado en el pleno de ese mes a petición del PSOE, que solicitó resolver antes posibles incompatibilidades del concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, ya que un familiar directo suyo tiene una vivienda en esta urbanización.

Desde entonces, el asunto no ha vuelto a llevarse al debate en el pleno, por lo que los vecinos afectados exigen que el Ayuntamiento les ofrezca una respuesta que les garantice la seguridad jurídica para sus viviendas.

Reclaman además la construcción de una acera que conecte la urbanización con el núcleo urbano de Espinardo, que se mejoren los acceso rodados a la zona y se incluyan carriles bicis, y que se dote al barrio de los equipamientos educativos, sanitarios, sociales, culturales y deportivos que corresponderían a este desarrollo urbanístico.

El presidente de la Asociación Vecinal Joven Futura, Chencho Mateos, asegura que los residentes están “hartos de retrasos injustificados” en la regularización de su situación, e insisten en que la Concejalía de Urbanismo “tiene la responsabilidad” de resolver este asunto, que lleva “una década en el cajón” impidiendo que los vecinos tengan seguridad jurídica y “unos servicios que se correspondan con los impuestos” que pagan.