Murcia da luz verde ambiental al cambio urbanístico en El Raal pese al rechazo de los colectivos de la Huerta

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MURCIA. Los nuevos planes urbanísticos para la zona de El Raal han superado su primer gran examen ambiental. El área municipal de Medio Ambiente ha determinado que la reorganización de estos terrenos (el ámbito conocido como UA-578) no provocará un impacto medioambiental grave, lo que permite al Ayuntamiento continuar con los trámites por la vía rápida y sin necesidad de realizar un estudio de impacto más largo y complejo.

Sin embargo, el proyecto sale adelante con la oposición frontal de la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur). El colectivo conservacionista ha presentado un duro paquete de alegaciones para intentar frenar la tramitación y advierte de que no dudará en llevar el asunto a los tribunales si el Consistorio insiste en dar vía libre a la actuación.

Alerta por la pérdida de huerta y el tráfico pesado

Entre las principales críticas presentadas en el expediente, Huermur denuncia que no se ha tenido en cuenta el "efecto acumulativo" que supondrá sumar más actividad a una pedanía que ya soporta una importante presencia industrial. Según advierten, transformar terrenos agrícolas en suelo para otros usos provocará la pérdida irreversible de tierras fértiles, además de dañar el paisaje tradicional de la Huerta de Murcia y la fauna de la zona.

Asimismo, la asociación señala que no se ha estudiado si las carreteras locales están preparadas para encajar un mayor tránsito de camiones y vehículos pesados, ni el riesgo de que la zona sufra más inundaciones al asfaltar terrenos que antes absorbían el agua de lluvia.

El precedente judicial en los tribunales

Huermur ha recordado en su escrito la victoria judicial que ya obtuvo en 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anuló una modificación previa del Plan General en la zona. La organización tilda de "temeridad" volver a repetir la jugada y asegura que aportará toda la jurisprudencia reciente si el conflicto termina de nuevo en los juzgados.

Por su parte, los técnicos municipales sostienen que las consecuencias sobre el entorno son asumibles siempre que las empresas promotoras cumplan obligatoriamente con una serie de condiciones y medidas de protección ambiental antes de recibir la aprobación definitiva.

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