MURCIA. El Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado a la empresa Seguridad Murciana en el Trabajo y Salud el contrato para la gestión del Servicio de Prevención Ajeno, una pieza clave para garantizar la salud de los empleados públicos. El acuerdo, que cuenta con una inversión de 291.587,5 euros y un plazo de ejecución de dos años, destaca por su ambicioso programa de vigilancia médica y asesoramiento técnico. 

Este contrato garantiza una cobertura integral a todos los empleados municipales, independientemente de su tipo de contrato o del lugar donde desempeñen sus funciones. La protección se extiende a la totalidad de la red de infraestructuras del consistorio: desde las sedes administrativas y Unidades de Trabajo Social (UTS), hasta los servicios de emergencias (Bomberos y Policía Local), instalaciones deportivas, colegios y escuelas infantiles. 

Lo más relevante de esta adjudicación es el refuerzo de la Medicina del Trabajo. El servicio no se limitará a realizar reconocimientos médicos rutinarios, sino que actuará como un consultor permanente para evaluar el estado de salud de la plantilla en función de los riesgos específicos de cada puesto. La adjudicataria deberá proponer medidas de protección eficaz basadas en los resultados de las evaluaciones, tanto individuales como colectivas, buscando siempre la promoción de la salud laboral por encima de los mínimos legales.

Junto al área médica, el contrato incluye la especialidad de Higiene Industrial. Esto permitirá al Ayuntamiento contar con apoyo especializado para controlar y prevenir la exposición de los trabajadores a agentes físicos, químicos o biológicos en sus puestos de trabajo, asegurando un entorno laboral libre de contaminantes. 

Una de las cláusulas principales de este acuerdo es su capacidad de adaptación. La empresa adjudicataria tiene la obligación de ajustar el servicio a los cambios que sufra la administración local, ya sea por nuevas contrataciones, jubilaciones o la apertura de nuevos centros municipales. Esta flexibilidad se mantendrá bajo un precio fijo, lo que garantiza que las variaciones en el número de personal o de dependencias no supongan un sobrecoste para las arcas públicas durante la vigencia del contrato.