MURCIA. La política de vivienda en Murcia ha tomado un nuevo rumbo tras la sesión plenaria de este jueves. Aunque el debate llegaba al salón de plenos impulsado por una queja del PSOE sobre cuatro apartamentos municipales en la calle Capuchinos —que siguen cerrados pese a estar terminados—, el resultado final ha sido la aprobación de una estrategia a largo plazo. El Ayuntamiento ha decidido marcar como prioridad la captación de fondos europeos para ampliar el parque público, en lugar de centrarse exclusivamente en la puesta en marcha inmediata de los recursos ya existentes.

El concejal socialista Ruiz Maciá denunció durante la sesión que es "administrativamente injustificable" que cuatro viviendas destinadas a mayores y personas con problemas permanezcan bloqueadas desde 2022 por la falta de instalación de las cocinas.Una crítica a la que se sumó Vox, calificando de "eficacia cero" que una obra finalizada no dé servicio al ciudadano en un contexto de emergencia habitacional.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno, el edil Antonio Navarro defendió que la gestión municipal va más allá de casos puntuales y se basa en un modelo de colaboración público-privada que necesita de pulmón financiero externo para seguir creciendo.

De esta forma, la moción que finalmente ha salido adelante es la alternativa presentada por el Partido Popular, que traslada las soluciones al ámbito de la financiación internacional. En primer lugar, el texto insta a la Unión Europea a que, dentro del marco financiero plurianual 2028-2034, se diseñe un presupuesto más ambicioso y justo que refuerce la cohesión territorial y permita impulsar estrategias locales en materia de vivienda e infraestructuras hidráulicas.

Asimismo, el acuerdo plenario solicita al Gobierno de España que medie ante Bruselas para facilitar la reasignación de fondos FEDER hacia las prioridades de los municipios. Esta petición busca no solo financiar nuevos proyectos de vivienda y obras contra inundaciones, sino también lograr una ampliación en los plazos de ejecución y justificación de las ayudas para evitar que se pierdan recursos por cuestiones administrativas.