MURCIA (EFE). Familiares de las trece personas que fallecieron en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia han reclamado este jueves, cuando se cumplen dos años de la tragedia, que se haga justicia y que sean investigados los responsables del Ayuntamiento de Murcia que permitieron que las salas continuaran abiertas a pesar de las irregularidades cometidas.

Una docena de afectados por esta tragedia se han concentrado este jueves a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia para recordar a sus seres queridos y volver a exigir a la titular del juzgado número 3 de Murcia, que instruye la causa, que investigue a los responsables municipales que emitieron y no ejecutaron la orden de cierre que tenían las discotecas.

La jueza ha rechazado en dos ocasiones esa petición, que está recurrida en la Audiencia Provincial, y, tanto para las víctimas como para sus abogados, éste está siendo el principal escollo en el procedimiento.

“Nosotros pensamos que el juzgado actualmente está actuando como escudo del Ayuntamiento, éste es realmente el obstáculo que estamos encontrando para obtener justicia, puesto que el juzgado está impidiendo que el Ayuntamiento responda por lo que ha ocurrido”, ha indicado el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de cuatro de los fallecidos.

Jairo Correa, que perdió en el incendio a su hija Leidy Paola, asegura que más fuerte que la tristeza y el duelo es la “frustración” por esa falta de investigación contra los responsables municipales, a pesar de la promesa del alcalde, José Ballesta, en los días posteriores a la tragedia, de que se llegaría hasta el final del caso “caiga quien caiga”.

“Después de eso vinieron los engaños, la falta de atención y de humanidad por parte de la jueza. (…) ¿Cómo habrá justicia si quien tiene que repartirla la esconde y no la aplica, cuando hay un culpable a la vista de todo el mundo?”, ha lamentado.

Familiares y abogados tienen clara la responsabilidad del Ayuntamiento, que había emitido una orden de cese de actividad contra las discotecas en enero de 2022, casi dos años antes del incendio, pero no la había ejecutado, a pesar de los importantes incumplimientos en materia de seguridad y de medidas anti incendio de las dos salas que han quedado patentes durante la investigación.

Por eso, Enrique Altamirano, que perdió a su padre en el incendio, asegura que su única esperanza es “que algún día se haga justicia” y recibir “una llamada de alguien que nos diga que hubo un culpable”.

En estos dos años, lamenta Ferney Lozano, que sobrevivió al incendio pero perdió en él a su mujer, Lula, ni siquiera han recibido “una llamada de apoyo, absolutamente nada”, por eso, pide a los responsables municipales “que se pongan la mano en el corazón y piensen que estamos sufriendo, necesitamos una ayuda”, ha dicho.

La hija de Lula, Bridget, tenía 17 años cuando falleció su madre y no ha podido ir a la universidad por falta de medios económicos: “Nadie me va a devolver a mi madre, pero quiero que haya algún responsable. Nadie está dando la cara por este caso”, ha resumido.

Es el mismo sentir que manifiesta Dubys Reyes, cuyo hijo murió en la tragedia y que considera que dos años después los familiares de las víctimas están “en el olvido” y “lo están pasando muy mal”, por lo que exige que los afectados sean escuchados para lograr esa justicia.

"No hemos podido tener un luto normal, continuamente estamos recordando a los familiares que perdimos, entonces, solo podemos pedir que se haga justicia, que el ayuntamiento se retrate ante la jueza, eso es lo que pedimos”, explica Kely Gómez, hermana de uno de los fallecidos.

En esta línea, la abogada Rosa Egea ha insistido en que “las familias de las víctimas y los supervivientes no comprenden cómo se cierra la fase de instrucción (lo hará el próximo 1 de enero) teniendo en cuenta que no se ha dado noticia del Ayuntamiento”, por lo que ha asegurado que seguirán en la lucha para conseguirlo.

Para Pedro López Graña, otro de los abogados, los afectados “no tienen consuelo pase lo que pase, pero lo que sí piden es que se descubra la verdad”, por lo que “es importante que se llegue a al fondo del asunto” y, para ello, es fundamental investigar la responsabilidad del ayuntamiento y de los funcionarios.

El letrado ha recordado que recientemente la jueza ha citado como investigado al ingeniero que dividió en dos la nave que ocupaban las discotecas y considera “de sentido común” que si este profesional está imputado por su proyecto de división, también lo debe estar quien lo supervisó y aprobó desde la administración.