MURCIA. La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) denuncia que se ha visto obligada a presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo para que se reconozca como Bien de Interés Cultural (BIC) al Cristo de la Sangre de Murcia, obra maestra del escultor barroco Nicolás de Bussy. De esta forma, solicita que le sea requerido a la Consejería de Cultura el reconocimiento oficial de este grado de protección para la imagen devocional.
"La escultura, datada en el último cuarto del siglo XVII, se encuentra en la Iglesia Arciprestal del Carmen de Murcia y pertenece a la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Es una de las más representativas del barroco murciano, no solo por la intensidad expresiva de su anatomía, sino por la gran devoción que despierta y su participación central en los desfiles procesionales de Semana Santa", señalan desde Huermur. Y añade que, según numerosos historiadores, "se trata de una de las imágenes más conmovedoras de la escultura procesional española, y su composición refleja una profunda espiritualidad en línea con los postulados contrarreformistas, con un Cristo muerto de pie, semiinclinado, con las manos al frente y la cabeza baja, representando el instante más humano y trágico de la Pasión.
La entidad conservacionista recuerda que solicitó formalmente la declaración como BIC de esta escultura el pasado 29 de junio de 2023, pero asegura que "la administración regional ha incumplido el plazo legal de seis meses para resolver o notificar la incoación del expediente, tal como establece la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Por tanto, según dicha normativa, se entiende incoado por silencio administrativo positivo, lo que otorga ya a la imagen una protección provisional automática". A pesar de ello, añaden, "la Consejería de Cultura no ha emitido el certificado de acto presunto solicitado por Huermur el 17 de enero de 2024, incumpliendo también el plazo de 15 días que impone la Ley 39/2015".
"Toda esta situación ha obligado a acudir al Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales", explican desde Huermur, que considera la actitud de la Consejería de Cultura como "una grave negligencia administrativa y un incumplimiento de las obligaciones legales de protección del patrimonio cultural". La asociación ha puesto también estos hechos en conocimiento de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma, solicitando que se lleven a cabo "cuantas actuaciones sean necesarias para desatascar el expediente administrativo".
