Exigen que se paralice el desahucio en Murcia de una anciana de 93 años con alzhéimer: "Es más grave que el de Maricarmen"

MURCIA (Efe). Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han reunido este lunes en la Ciudad de la Justicia de Murcia para exigir la paralización del desahucio de una mujer de 93 años con alzhéimer y movilidad reducida que perdió su vivienda tras avalar con ella un negocio familiar.

Para José Antonio Vives, mediador de la PAH que lleva más de dos años trabajando con la familia, el caso de esta anciana es si cabe “más grave” que el de Maricarmen Abascal del pasado 23 de septiembre, por la extrema vulnerabilidad de la mujer, a la que se refirió como María, porque la familia no quiere dar a conocer su nombre real.

María no sabe que se enfrenta a una orden de desahucio fijada para el próximo 13 de octubre: su familia no ha querido alterar su ya de por sí deteriorado estado, ya que padece alzhéimer y tiene escasa movilidad derivada de un ictus que sufrió hace dos años.

Fue en esas mismas fechas cuando el fondo propietario de su vivienda Coral Homes, comenzó los intentos de desahucio, que hasta ahora se han ido suspendiendo.

María prestó su casa como aval para la puesta en marcha de un negocio que emprendió su hijo y que, finalmente, no pudo hacer frente a los pagos, por lo que la entidad bancaria, CaixaBank, se quedó con la vivienda, que posteriormente vendió al citado fondo.

Según ha explicado a los periodistas, la entidad inversora, que hasta el momento no ha ofrecido ningún tipo de alternativa para que María pueda permanecer en su hogar, ha manifestado a la PAH por teléfono su disposición a negociar, pero no ha solicitado que se suspenda el lanzamiento ni ha concretado ninguna propuesta por lo que, si no hay ningún avance, en una semana la mujer deberá abandonar su casa.

La familia está a la espera de obtener plaza en una residencia para María, y su propuesta es poder negociar un alquiler para que la mujer pueda acabar sus días en el que ha sido su hogar, en el que “se maneja” a pesar de la enfermedad, de la que ha empeorado notablemente cuando ha sido trasladada a otros lugares de manera temporal.

Vives ha lamentado que la familia se encuentra también a la espera de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia remitan al juzgado un certificado de vulnerabilidad de la mujer.

El decreto regional 3/2026 de vivienda asequible contempla que los servicios sociales puedan emitir este tipo de certificados a petición de un particular, y no solo si son reclamados judicialmente, algo que no se está cumpliendo.

Con estos certificados, ha explicado, el juzgado contaría con una herramienta legal para ordenar la suspensión del desahucio.

Desde la PAH han lamentado también que la ley estatal de vivienda no se está aplicando en la Región de Murcia, lo que está impidiendo movilizar viviendas vacías que podrían pasar a acoger alquileres sociales.

La SAREB, ha subrayado, tiene unas 130.000 viviendas deshabitadas en la región, de las que unas 1.200 podrían ser habitables de manera inmediata o en cuestión de unos pocos meses, lo que ayudará a destensar el mercado de alquiler de manera notable.