MURCIA. El Ayuntamiento de Murcia está analizando las posibles repercusiones económicas o jurídicas de las supuestas comisiones que los ex dirigentes socialistas José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García cobraron por adjudicaciones de obras, parte de las cuales se correspondían con los trabajos de soterramiento de las vías del tren en la ciudad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Junta de Gobierno municipal, la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha señalado que los servicios jurídicos del Consistorio están estudiando el informe de la UCO que trascendió ayer a los medios de comunicación, y que recoge numerosas conversaciones en las que los tres socialistas hablaban del supuesto cobro de comisión por adjudicación de obras.

En algunas de esas conversaciones se alude directamente a “mordidas” por la adjudicación de parte de las obras de soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia, unos inversiones millonarias que se han llevado a cabo por fases a través de la Sociedad Murcia Alta Velocidad.

Esta sociedad, ha recordado Pérez, está integrada por el operador ferroviario estatal, Adif, que aporta el 66 por ciento de la financiación; la comunidad autónoma, que aporta el 26 por ciento, y el propio Ayuntamiento de Murcia, que aporta el 8 por ciento.

Por ese motivo, se está analizando la repercusión que el supuesto cobro de comisiones podría tener para las arcas públicas municipales, y los servicios jurídicos “tomarán decisiones” cuando recaben toda la información necesaria.

Para Pérez, estos hechos recogidos en el informe de la UCO “demuestran la degradación total del Gobierno” de España, y ha considerado que el “presidente no puede ir sacudiendo la responsabilidad” en este caso.

“El culpable en primera persona es Pedro Sánchez. No podemos concebir que vaya de víctima cuando las víctimas hemos sido todos los españoles”, ha lamentado, y ha recordado que el PP va a exigir la convocatoria de elecciones generales.