El Ayuntamiento de San Javier ya decidió los responsables que se encargarán de llevar los servicios jurídicos del Ayuntamiento para los próximos dos años. El contrato estaba dividido en dos lotes. Por un lado, la asistencia jurídica de un procurador, siendo Teresa Foncuberta Hidalgo la elegida como procuradora para los próximos dos años, con un coste de 42.983,9 anuales para las arcas municipales. Por otro lado, el segundo lote era el asesoramiento jurídico y la defensa letrada, servicio para el que se ha elegido a Decisio Consulting, con un coste anual de 214.920 euros.

“El procurador tendrá por objeto la asistencia al Ayuntamiento de San Javier en todos los procedimientos judiciales de cualquier orden jurisdiccional en el que sea obligatoria la intervención de estos profesionales, así como en los procedimientos administrativos en los que se pudiera exigir tal asistencia”, explica el contrato sobre la función de esta figura.

En el caso del asesoramiento jurídico y defensa letrada se necesitará para “la defensa judicial activa y pasiva de este Ayuntamiento, la emisión de informes, cuando así se solicite y la respuesta rápida a cualquier consulta que pueda provenir del Ayuntamiento, y ello en todos los ámbitos jurídicos: civiles, sociales, penales, contenciosos administrativos, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Tribunales Económico-Administrativos y cualesquiera otros en que la Administración Municipal, sean parte de los procedimientos; así como cualquier otro organismo jurisdiccional a que esté sometido el Ayuntamiento de San Javier”, detalla el contrato. “El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de, que debido a la especificidad o excepcionalidad propia de determinados casos que requieran, por ejemplo, una especialización jurídica determinada, puedan dar lugar a la contratación singular de la defensa jurídica para un pleito concreto, previa justificación de esta peculiaridad en el expediente. Se entenderán incluidas como obligaciones del contratista la representación del Ayuntamiento de San Javier ante Juzgados y Tribunales cuando legalmente no fuere preceptiva la intervención de procurador”, añade.

El plazo máximo para la emisión de informes será de diez días, salvo que la legislación aplicable disponga otro inferior. Podrán ser solicitados tanto por los miembros del Gobierno municipal, como por los responsables de la Administración Municipal previa autorización de los miembros del Gobierno.

El asesoramiento jurídico incluye el asesoramiento para el ejercicio de acciones o defensa penal; el asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa civil, mercantil y ante el tribunal de cuentas y tribunales económico-administrativos; el asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa contencioso-administrativa y constitucional; el asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa laboral, entre otros procesos judiciales.