Mar Menor

La CHS detecta 50 km de ramblas invadidas por infraestructuras privadas en la Región

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MURCIA (EFE) La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha detectado unos 50 kilómetros en ramblas y cauces que son de dominio público y que están invadidos por “todo tipo de instalaciones” e infraestructuras de carácter privado, por lo que ha es necesario articular mecanismos de recuperación de esos espacios.

Así lo ha indicado el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Interadministrativo del Mar Menor al ser preguntado por los medios de comunicación por la determinación de algunas nuevas zonas de rambla en la comunidad autónoma.

Morán ha indicado que la CHS lleva tiempo trabajando en la definición de estos espacios y ha revisado ya unos 2.400 kilómetros, de los que 540 son de dominio público.

De ellos, ha apuntado, al menos 50 kilómetros se ha constatado que están completamente invadidos por instalaciones de todo tipo, infraestructuras y equipamientos de carácter privado.

Por ello, durante la reunión se ha hecho una petición expresa al organismo de cuenca para que agilice los procedimientos de deslinde de ese dominio público para recuperar esos espacios ocupados que se van identificando.

Las tres administraciones, estatal, autonómica y regional, ha dicho, van de la mano en este objetivo, que es vital para evitar situaciones de peligro en episodios de lluvias extremas.

Precisamente estos días se cumple un año de la dana que arrasó la Comunidad Valenciana, y Morán ha llamado a las administraciones a “prestar atención a las lecciones aprendidas”, entre las que ha destacado la importancia de la planificación en esos terrenos de dominio público que han sido ocupados durante décadas, agravando las posibles consecuencias de estos episodios meteorológicos.

"Hay que asumir que la cartografía de suelos inundables debe establecer los límites a los que se puede llegar en la ordenación de territorios”, ha subrayado, y ha insistido en que las administraciones deben primar la seguridad sobre el rendimiento económico de los desarrollos urbanísticos.

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