La Asociación Alianza Mar Menor (AMARME) ha dirigido sendos escritos a las consejerías de Salud y de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor para reclamar una actuación urgente ante la posible presencia de metales pesados en determinados suelos agrícolas del Campo de Cartagena.
La entidad, que actúa en representación del ecosistema del Mar Menor y su cuenca al amparo del artículo 6 de la Ley 19/2022, solicita además acceso preferente a la información ambiental que obre en poder de la Administración regional.
La petición se apoya en dos informes técnico-científicos elaborados por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en mayo de 2025 y abril de 2026. Según sostiene AMARME, estos trabajos recogen concentraciones que considera preocupantes de plomo, cadmio y zinc en algunos terrenos agrícolas de la comarca. La asociación vincula su presencia con la dispersión de contaminantes procedentes de la Sierra Minera.
A partir de estos datos, la organización insta a las administraciones competentes a aplicar el principio de precaución para reducir cualquier eventual riesgo sobre la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Medidas cautelares en un plazo de 48 horas
Entre las actuaciones planteadas figura la delimitación de las áreas agrícolas afectadas y la restricción temporal de cultivos en aquellos suelos en los que se haya acreditado la existencia de metales pesados que puedan ser transferidos a las plantas.
AMARME también reclama que se inmovilicen de manera cautelar los lotes agrícolas procedentes de las parcelas identificadas en los informes y que se pongan en marcha inspecciones de oficio. Estas campañas, añade, deberían incluir análisis sistemáticos de terrenos y productos, así como la identificación de los puntos de muestreo y de los responsables de las pruebas.
La asociación incorpora a sus peticiones la adopción de medidas de contención, sellado y control de lixiviados y escorrentías procedentes de las explotaciones de la Sierra Minera.
En materia de transparencia, solicita que se le facilite toda la documentación disponible sobre informes técnicos, expedientes de suelos contaminados, mapas de afección y controles efectuados por la Comunidad. Para ello invoca el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, que regula el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales.
La organización recuerda asimismo que la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca, obliga a las administraciones públicas a proteger, conservar y restaurar el ecosistema, además de prevenir actividades que puedan causarle daños.
AMARME ha dado a ambas consejerías un plazo de 48 horas para actuar. En caso de que no haya respuesta, advierte de que estudiará el ejercicio de acciones legales para exigir las responsabilidades que pudieran corresponder.
