CARTAGENA. La Alianza Mar Menor (AMARME) ha presentado dos requerimientos ante las consejerías de Salud y de Medio Ambiente para reclamar una actuación urgente ante la presencia de metales pesados en determinados suelos agrícolas del Campo de Cartagena. La asociación pide medidas preventivas, inspecciones y acceso a la información disponible para evaluar sus posibles efectos sobre la salud, la producción agrícola y el ecosistema del Mar Menor.
Los escritos están dirigidos a la Consejería de Salud y a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. AMARME actúa, según explica, en representación del Mar Menor y su cuenca al amparo del artículo 6 de la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna.
La petición toma como referencia dos informes técnico-científicos elaborados por la Universidad Politécnica de Cartagena en mayo de 2025 y abril de 2026. De acuerdo con la interpretación de la asociación, estos estudios identifican concentraciones que considera preocupantes de plomo, cadmio y zinc en algunos terrenos agrícolas del Campo de Cartagena. Su presencia estaría relacionada con la dispersión de contaminantes procedentes de la Sierra Minera.
Ante estos indicios, AMARME reclama que las administraciones regionales apliquen el principio de precaución y adopten medidas destinadas a descartar o prevenir riesgos para la salud pública, garantizar la seguridad alimentaria y evitar nuevas afecciones al medio ambiente.
La organización solicita una respuesta en un plazo máximo de 48 horas. Entre sus peticiones se encuentra la delimitación de las zonas agrícolas afectadas y la restricción temporal de los cultivos en aquellos terrenos donde se confirme la existencia de metales pesados que puedan ser absorbidos por las plantas.
También plantea la inmovilización cautelar de los lotes agrícolas procedentes de las parcelas identificadas en los informes técnicos, así como la puesta en marcha de medidas de contención, sellado y control de los lixiviados y las escorrentías originados en las explotaciones de la Sierra Minera.
La asociación pide, además, inspecciones de oficio y una campaña sistemática de análisis de los suelos y de los productos agrícolas. Reclama que se identifiquen los puntos de muestreo empleados y los responsables de realizar las pruebas.
Otra de sus demandas es recibir toda la información ambiental que obre en poder de la Comunidad Autónoma. La solicitud incluye los informes técnicos, los expedientes relacionados con suelos contaminados, los mapas de las áreas afectadas y los controles efectuados por la Administración regional. AMARME fundamenta esta petición en el Convenio de Aarhus y en la Ley 27/2006, que regula el acceso a la información y la participación pública en materia ambiental.
La entidad recuerda asimismo que la Ley 19/2022 obliga a las administraciones a proteger, conservar y restaurar el Mar Menor y su cuenca, además de impedir aquellas actividades que puedan causar daños al ecosistema.
AMARME sostiene que la existencia de indicios técnicos suficientes obliga a las autoridades competentes a investigar el alcance del problema y facilitar con rapidez la información disponible. En caso de no obtener una respuesta dentro del plazo planteado, la asociación anuncia que estudiará el ejercicio de acciones legales para reclamar las responsabilidades que pudieran corresponder.
