MADRID (EP). El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado garantizar, en coordinación con las autoridades competentes, que las figuras del coordinador de bienestar infantil y del delegado de protección se encuentren "plenamente operativas" durante el próximo curso 2022-2023.

El cometido principal en ambos supuestos es ser las figuras de referencia para la prevención y protección frente a la violencia en el ámbito educativo y el ámbito del deporte y del ocio, respectivamente. Todos los centros educativos (públicos, privados y concertados) deberán contar con ambas figuras.

Así aparece recogido en la Propuesta de acuerdo sobre el plan de implementación de la ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido aprobado este lunes 15 de noviembre en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha subrayado que la creación de ambas figuras es "una tarea urgente" que se debe "poner en marcha tan pronto como sea posible".

Estos coordinadores y coordinadoras, según ha explicado, deben ser "la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar las situaciones de riesgo".

"Esto, como decía, no puede esperar más y por eso queremos que en el próximo curso haya un coordinador de bienestar infantil en cada centro educativo y un delegado de protección en cada entidad que realice actividades deportivas y de ocio con menores en nuestro país", ha remarcado Belarra.