MURCIA (EFE). El campo español está acabando el primer semestre de la nueva Política Agraria Común (PAC) en medio de una de sus peores sequías y de complicaciones por la dimensión de los cambios, que multiplican la burocracia, y que requieren una digitalización para la que los productores necesitan más tiempo.

El 30 de junio se cumplen seis meses desde la entrada en vigor de la PAC que regirá el campo entre 2023 y 2027 y también termina el plazo para solicitar las subvenciones.

El nuevo régimen, que beneficia a unos 630.000 agricultores y ganaderos, entró en vigor con el campo acarreando las consecuencias de la guerra de Ucrania y en sus primeros meses España está afrontando también la inflación alimentaria y dos convocatorias electorales.

España es el tercer país más beneficiado de la PAC, con más de 47.000 millones de euros, 7.150 millones anuales.

Exigencias medioambientales y la realidad de la sequía

Las dos novedades principales de la PAC son el incremento de la responsabilidad de los Gobiernos a la hora de aplicarla, mediante un plan estratégico nacional, y la implantación de los eco-regímenes, que suponen el 23 % del presupuesto de las ayudas y que priman determinados servicios al medioambiente.