CARTAGENA. No será hasta la próxima semana cuando los políticos municipales celebren la sesión plenaria correspondiente al mes de agosto. La decisión ha sido posponerlo para que los recientemente nombrados ediles -gobiernen o no- se tomen unos días de vacaciones antes de volver al curso de esta nueva legislatura.
Para este Pleno los cuatro partidos de la oposición presentarán, como mínimo, 45 mociones, harán 40 preguntas y algunos ruegos. Si hacemos una estimación, porque no se puede saber qué o cuáles serán los temas que más debate susciten, podremos asegurar que solo las mociones pueden alcanzar entre las seis y las siete horas de debate. A eso le sumamos 40 preguntas, que no pueden exceder de un máximo de seis minutos. Pero seamos benévolos, pongamos la mitad, por lo que añadiríamos dos horas más de debate.
De esta manera, el Pleno se podría convertir en otra sesión maratoniana de cerca de diez horas, algo que convierte esta atribución, en la que se exponen las propuestas que afectan al municipio, se adoptan decisiones estratégicas y se controla y fiscaliza a los órganos de gobierno se en un acto largo, tedioso y repetitivo, pues no son pocas las veces que algunas mociones se repiten mes tras mes. En un municipio como Cartagena, con cerca de 220.000 habitantes, no suelen ser más de 20 personas las que siguen por redes sociales el debate, lo que demuestra, claramente, que muchos de los temas que se negocian, acuerdan, proponen y discuten no interesan a demasiada gente.
Hace meses que son los propios políticos los que vienen advirtiendo de la necesidad de ser más concisos y directos, acortar las sesiones y buscar una manera lógica de debatir lo que realmente pueda ser importante para el municipio y que los ciudadanos, vean o no las sesiones en directo, sí que consideren que las mociones, las preguntas o los ruegos afectan de manera directa en el municipio.
Hace tres años, la Junta de Portavoces decidió regular los plazos de presentación de iniciativas y la duración de las intervenciones de los miembros de la Corporación, garantizando "los derechos de participación de los concejales", explicaban en la nota de prensa. Pero esta propuesta, a pesar de las buenas intenciones, no ha solucionado el problema.