MURCIA (EFE). La retirada de enseres y voluminosos de la zona de la Dana suma 300.000 toneladas en un mes, una cantidad muy superior a la generada en un año en toda la Comunitat Valenciana, que es de 180.000 toneladas.
Según informa la Generalitat, la retirada de estos residuos se ha hecho en el marco de un plan diseñado para gestionar esta cantidad de enseres y voluminosos.
El plan, dividido en tres fases, comenzó con la creación de los Puntos de Acopio Local (PAL) instalados cerca de los cascos urbanos de los municipios para facilitar la recogida de los residuos que se encontraban en las calles.
Con el objetivo de mitigar el impacto ambiental y sanitario en las comunidades afectadas, en una segunda fase los residuos son trasladados a los puntos de transferencia para que sean gestionados de manera eficaz con la maquinaria necesaria, con una actividad ininterrumpida durante las 24 horas del día.
Los cinco puntos de transferencia son la planta de tratamiento de residuos de Hornillos en Quart de Poblet, una parcela sin uso en Manises, el antiguo campo de fútbol de Alfafar, una campa en la vía de servicio de la pista de Silla en Catarroja y la antigua cantera de la ladrillera Almudíver en Picassent.
Finalmente, los residuos son transportados a los vertederos, donde permanecerán hasta que se realicen los tratamientos necesarios para su correcta gestión.
Para facilitar esta labor, se ha ampliado la capacidad de los vertederos y se han habilitado nuevas áreas en su entorno, lo que permite un mayor almacenamiento seguro y eficiente de esta cantidad de residuos.
Para gestionar otros residuos generados por las inundaciones, la Conselleria de Medio Ambiente ha realizado un contrato de emergencia para aquellos residuos que pueden representar un grave riesgo ambiental y para la salud pública.
Se trata de un contrato dividido en cuatro lotes, correspondientes a distintas zonas afectadas como la Albufera, y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de casi un millón de euros.
Las operaciones se llevarán a cabo en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que guiará las necesidades operativas en cada área. Las empresas adjudicatarias de cada lote realizarán las tareas de recogida, transporte y gestión final de los residuos peligrosos.
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