MURCIA (EFE). El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la creación de una Comisión Especial de Estudio de la Seguridad Ciudadana a propuesta de Vox gracias al apoyo del PP, con la oposición del PSOE y de Podemos-IU/V-AV.

Su ponente, Alberto Garre, ha afirmado que según el Ministerio del Interior "la criminalidad en la región aumentó hasta el segundo trimestre de 2023 un 11,21 % respecto al mismo periodo del año anterior; los robos con violencia e intimidación, un 12,84 % y el tráfico de drogas, secuestros y agresiones sexuales, "exponencialmente durante los últimos años". También ha dicho que la oposición "da la espalda a los datos" porque es "negacionista de la realidad".

Podemos-IU/V-AV se ha mostrado de acuerdo con esta comisión si estudia la violencia machista y los delitos de odio, pues en ambos casos el retrato robot del delincuente es el mismo, la ultraderecha de Vox, ha dicho su portavoz, María Marín, tras calificar la intervención de Garre de "medieval" y añadido que la Consejería de Interior de ese partido "es la guarida desde la que el crimen se jalea en esta región".

La portavoz adjunta socialista, Carmina Fernández, ha denunciado que con esta comisión se quiere “evitar que se convoquen las legislativas y rebajar a la mínima expresión el control e impulso al Gobierno", con lo que no van a "colaborar este método de bloqueo que se llama filibusterismo”.

Ha acusado a Vox de “tergiversar y retorcer” los datos al señalar que la región que ha descrito “no existe” porque los índices de criminalidad son inferiores a la media nacional, y ha tildado de “despreciable” que “dirija su mirada sucia contra los más desfavorecidos”.

La parlamentaria del PP Luz Marina Lorenzo ha señalado que "hoy más de una decena de viviendas están siendo atracadas o 6 personas van a sufrir un robo con violencia", al tiempo que ha mostrado su preocupación por los delincuentes reincidentes que "han hecho de robar una profesión".

Ha achacado el aumento de las agresiones sexuales a las mujeres a la "humillante" ley del ‘solo sí es sí’, que "ha hecho un flaco favor a las víctimas" reduciendo la pena y liberando a los violadores.