CARTAGENA. Este mismo lunes se hacían públicos unos esperanzadores datos en los que se indica que las pernoctaciones en apartamentos turísticos en la Región se doblaron en 2021, al pasar de 372.146 en 2020 a 685.201 el pasado año. La recuperación del sector parece un hecho, a pesar de que los dos últimos meses -diciembre y enero-, han supuesto un auténtico varapalo a las reservas por el incremento notable de la sexta ola de la covid-19.

Pero mientras que el pulso vuelve a latir entre los empresarios, la guerra contra los apartamentos turísticos sigue abierta y el problema, más latente que nunca. Hace tres años se cifraba entre 60.000 y 70.000 los pisos alegales e ilegales existentes en la Región, lo que supone un estímulo inequívoco para la economía sumergida.

La asociación Aloja, que integra a propietarios de cerca de 400 alojamientos en la Región de Murcia con capacidad para cerca de 2.200 plazas, no ha dejado de insistir en esta lacra que se extiende de forma lenta pero cada vez más, y que provoca fuertes pérdidas al sector, una merma notable en la calidad del servicio y de la atención al cliente, a la vez que un auténtico descontrol de quién visita estos negocios ilegales. 

Para contribuir a atajar el problema, han decidido llevar a cabo un listado de apartamentos turísticos ilegales en las zonas de mayor presencia: Cartagena, Murcia, Mazarrón, Águilas y Mar Menor y, bajo un acta notarial, poner en manos de Turismo esta relación de negocios ilegales o alegales para que los inspectores empiecen a sancionar.

"Es muy fácil detectar cuando un apartamento turístico es ilegal. Hay infinidad de portales que los promocionan, Milanuncios, Idealista, Trivago, Booking, Airbnb, a pesar de que  estos no tienen ninguna responsabilidad", afirma Gregorio Morales, presidente de la asociación. Afirma que solo en Cartagena el 80% de pisos turísticos son ilegales. "Mientras los profesionales que nos dedicamos a alquilar apartamentos mejoramos nuestros servicios, ofrecemos más y mejor calidad y damos trabajo, los ilegales engañan a sus potenciales clientes, porque no dan las condiciones mínimas, no cumplen con la legalidad y dejan de pagar impuestos", apostilla Morales.