MURCIA (EFE). El sorpresivo anuncio de Ferrovial de mudar su domicilio social a Países Bajos le ha enfrentado de lleno con el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluso ha acusado al líder de la compañía, Rafael del Pino, de no ser un empresario comprometido con su país y de buscar con su traslado beneficios fiscales.
El momento elegido por Ferrovial para comunicar esta decisión ha situado a la compañía en el centro del debate político a las puertas de las próximas elecciones, y tanto el Gobierno como la oposición, en plena campaña electoral, han aprovechado este traslado para reforzar sus discursos.
Sánchez señala al presidente de Ferrovial
Hasta en dos ocasiones ha salido el presidente del Gobierno a criticar la decisión adoptada por Ferrovial y a afear la actitud de Rafael del Pino, algo que ha sido compartido por el resto de sus ministros.
Falta de compromiso con el país; razones fiscales y no de seguridad jurídica; hacer patrimonio antes que arrimar el hombro cuando el país lo necesita o una fortuna que en buena medida se ha hecho gracias a la contribución de los españoles, han sido algunas de las acusaciones que ha vertido Sánchez estos días.
El conjunto del Gobierno de coalición ha salido a la palestra para rechazar con dureza este traslado social e incluso algunos de los miembros creen que la empresa debería devolver por ley las ayudas públicas recibidas, mientras que otros la tachan de empresa "pirata" y entienden que no se la debería tener en cuenta para futuros contratos con la Administración.
Algunas formaciones políticas, es el caso de Más País, han hablado directamente de "comportamientos ladrones", en tanto que los sindicatos lo tachan de escandaloso y ponen el acento en los impuestos que pagan las grandes corporaciones.
Ferrovial reitera su continuidad en España
Tal ha sido el revuelo que el consejero delegado de la compañía ha tenido que salir para insistir en un videocumunicado en que nadie debe dudar de su continuidad en España y que el plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones, y seguir contribuyendo fiscalmente.
Por su parte, la oposición justifica la salida por una falta de seguridad jurídica, una elevada carga impositiva y por las sonadas críticas que desde el Ejecutivo se están lanzando contra los empresarios, que de seguir así se saldarán con más "fugas" de empresas.
