VALÈNCIA. El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció este viernes por segunda vez tras el accidente ferroviario de Toledo que, hasta el momento, acumula 69 víctimas mortales. Una rueda de prensa en la que el dirigente socialista rechazó dimitir, escudándose en que su manera de asumir responsabilidades es "dar la cara".
La postura del ministro no es nueva, ni tampoco la de la oposición, que viene solicitando la dimisión del alto cargo desde pocas horas después de que se produjera el accidente. Un siniestro que, hasta el momento, se atribuye al fallo del sistema de seguridad LZB, que estaba pendiente de renovación, y a una sucesión de errores humanos.
Así, este escenario ha vuelto a poner sobre la mesa hasta qué punto es obligatoria —o no— la dimisión por "responsabilidad política" tal y como vienen exigiendo PP y Vox, pero también algunos partidos progresistas. Todo ello con unas elecciones generales en el horizonte.
La realidad es que abandonar un cargo por la citada "responsabilidad política" después de una catástrofe nunca ha estado de moda en España. Echando la vista atrás, se pueden rememorar otros casos en las que se produjo la resistencia del dirigente institucional y la protección o consigna de su partido, para no presentar la renuncia en relación a un accidente o evento extraordinario con grandes pérdidas humanas que dependiera de su área de mando.
Yak-42: 75 muertos, cero dimisiones
El accidente del avión Yak-42 se produjo el 26 de mayo de 2003 y ocurrió justamente un día después de las elecciones autonómicas de aquel año. Un avión fletado por el Ministerio de Defensa se estrelló en Turquía causando la muerte de 75 personas, 62 de ellos militares que regresaban de una misión de paz en Afganistán.
El Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, esgrimió que el accidente se debió a un error humano de los pilotos ucranianos, eximiendo de responsabilidad al Ministerio de Defensa. Aunque el titular, Federico Trillo, según manifestó años después, puso en aquel momento su cargo a disposición de la Moncloa, se le instó a que continuara en su puesto, pese a que la oposición en bloque, encabezada por PSOE e Izquierda Unida, exigieron la dimisión del ministro.
- Federico Trillo, en 2024. Foto: EP/RICARDO RUBIO
En 2009, los procesos judiciales terminaron por confirmar que el factor humano fue determinante en la tragedia, si bien sí se produjeron condenas a tres militares por falsificar la identificación de los cadáveres de los militares, mientras que la causa por la contratación del vuelo fue archivada por la Audiencia Nacional en 2012.
Sin embargo, en 2017, con Mariano Rajoy en la Moncloa, un dictamen del Consejo de Estado sí estimó que existía responsabilidad patrimonial por parte del Ministerio de Defensa, dado que contaba con información y advertencias previas sobre las deficientes y arriesgadas condiciones en las que se estaban realizando los vuelos de transporte de tropas contratados. Un informe que provocó, entonces sí, la dimisión de Trillo que en aquel momento ocupaba el puesto de embajador de España en el Reino Unido.
Angrois: 80 muertos, cero dimisiones y tregua entre PP y PSOE
El accidente ferroviario de Angrois ocurrió el 13 de julio de 2013 cuando un tren Alvia descarriló a gran velocidad en Santiago de Compostela, lo que provocó 80 muertos y 140 heridos. En las primeras comparecencias tras la catástrofe, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni la ministra de Fomento, Ana Pastor, esgrimieron el "error humano" como causante del siniestro, si bien las distintas informaciones —y las probables filtraciones gubernamentales— ya apuntaban a un posible despiste del maquinista.
En este caso, el PSOE, a diferencia de otros partidos de la oposición, evitó solicitar la dimisión de la ministra: de hecho, este mismo viernes el propio Puente recordaba este hecho en su rueda de prensa. No obstante, cabe recordar que la línea de alta velocidad de Angrois había sido inaugurada en diciembre de 2011 por el entonces ministro socialista José Blanco, desde cuyo departamento se habían adoptado modificaciones del proyecto original que habrían afectado a la seguridad, como el recorte del sistema ERTMS, precisamente el que tampoco estaba implantado en el accidente de esta semana en Toledo. Pese a que sí existía este sistema en los trenes, la dirección de Adif —ya con el gobierno del PP— autorizó su desconexión por fallos reiterados que afectaban al cumplimiento de horarios.
- Accidente del Alvia en Angrois. Foto: EP
Así, este pacto de no agresión —denunciado por las asociaciones de víctimas— se mantuvo y, de hecho, el PSOE rechazó con sus votos en reiteradas ocasiones abrir una comisión de investigación en el Congreso. No obstante, esto cambió con la llegada de Pedro Sánchez en 2017 cuando sí apoyó esa iniciativa, lo que propició que la citada comisión empezara a desarrollarse un año después. Sin embargo, las elecciones de 2019 pusieron fin al proceso sin que llegaran a dictaminarse conclusiones. En enero de 2026, la Audiencia Provincial condenó a dos años y seis meses de prisión al maquinista del Alvia.
Accidente del metro de Valencia: 43 muertos, cero dimisiones
El 3 de julio de 2006, en vísperas de la visita del Papa a la capital del Turia, se produjo un descarrilamiento a la altura de la estación de Jesús del metro que circulaba por la línea 1 en dirección a Torrent. 43 personas perdieron la vida y 47 resultaron heridas. Desde los primeros momentos, desde el Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps (PP), se focalizó la causa en un error humano concentrado en un exceso de velocidad del maquinista que conducía el convoy —que falleció en el accidente— en la curva previa a la entrada a la estación.
La oposición, PSPV-PSOE y Esquerra Unida, pidieron la dimisión a los pocos días del conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, y de la gerente de FGV, Marisa Gracia. El Consell, respaldado por su mayoría absoluta en Les Corts, frenó cualquier renuncia de estos cargos e impulsó rápidamente una comisión de investigación que se cerró en tiempo récord (se abrió el 17 de julio y se concluyó el 8 de agosto), dictaminando que el accidente fue "imprevisible e inevitable", recalcando que la línea era segura y atribuyendo como única causa el exceso de velocidad propiciado por el maquinista.
- Última manifestación de la Asociación de Víctimas 3J en 2020. Foto : EP/RICARDO PALOMARES
En 2013, en un momento de máxima crisis del gobierno del PP presidido por Alberto Fabra, un programa sobre el caso emitido por Salvados, reavivó el foco mediático y el apoyo social sobre la Asociación de Víctimas 3J. Tres años después, con el Botànic ya en el gobierno, se impulsó una nueva comisión de investigación en Les Corts. Esta dictaminó en julio de 2016 que el accidente podría haberse evitado, además de denunciar una estrategia de ocultación sobre errores de gestión en FGV y señalar a 13 posibles responsables técnicos y políticos.
Tras diversos vaivenes judiciales, en febrero de 2018 la Audiencia Provincial de Valencia ordenó la reapertura del caso al estimar que no se había investigado adecuadamente todos los elementos de seguridad y mantenimiento de vías y vagones. En enero de 2020, a punto de celebrarse el juicio oral, se alcanzó un acuerdo por el que cuatro exdirectivos de FGV, incluyendo a la gerente, admitieron su responsabilidad por las deficiencias en la seguridad —entre ellas la inexistencia de una baliza— y fueron condenados a 22 meses de prisión por homicidio por imprudencia profesional grave.
Dana de València: 233 muertos y dimisión de Mazón un año después
El 29 de octubre de 2024 las fuertes precipitaciones en áreas de cabecera provocaron extraordinarias avenidas que desbordaron ríos y barrancos, provocando distintas inundaciones en diversas comarcas valencianas, especialmente en el área metropolitana. Dado que apenas había llovido en muchos de los municipios que se vieron afectados, los vecinos se vieron sorprendidos caminando por las calles o en sus vehículos, y pasaron a tener que luchar por su vida en apenas unos minutos.
En paralelo, desde las 17 horas se desarrollaba una tardía reunión del Cecopi dirigida por la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, para adoptar las medidas preceptivas ante la alerta roja que estaba activada desde primera hora de la mañana. Sin embargo, el mensaje ES-Alert para avisar a la población se mandó a las 20.11 horas, cuando muchos ciudadanos ya no podían ponerse a salvo, una cuestión esta que está centrando una parte importante de la instrucción judicial en marcha. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), estuvo en una comida en un céntrico restaurante y no llegó al Palau hasta cerca de las 20 horas —una versión que tardó meses en conocerse—, para dirigirse posteriormente al Cecopi, al que llegó cuando el mensaje ya se había enviado y la situación era incontrolable.
- Dana de 2024. Foto: KIKE TABERNER
La oposición no tardó demasiado en solicitar la dimisión del jefe del Consell. Compromís lo hizo a los tres días y el PSPV-PSOE esperó dos semanas, hasta que Mazón compareció en Les Corts para dar explicaciones. El presidente de la Generalitat, tres semanas después de la tragedia, acometió una crisis del Gobierno valenciano en la que cesó a Pradas, además de otras responsables salpicadas en los días posteriores a la catástrofe, como Nuria Montes.
En los siguientes meses, las distintas versiones ofrecidas por el entorno del presidente de la Generalitat, especialmente en lo referente a los horarios y su localización en la trágica jornada, las manifestaciones mensuales y el propio avance de la causa judicial, dejaron en una posición de extrema debilidad a Mazón, que fue abucheado enérgicamente por varios familiares de las víctimas en el primer aniversario de la catástrofe, que contó con la presencia de los reyes y donde también estuvo presente su líder en el PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Generalitat anunció su renuncia pocos días después y, en diciembre, Juanfran Pérez Llorca fue investido como sustituto.
Respecto al PP, ha insistido en que Mazón ha sido el único que asumió responsabilidades políticas y, de hecho, suelen esgrimir este argumento cuando se contraponen situaciones como la actual del ministro Óscar Puente. La realidad es que sí se prescindió de Pradas relativamente pronto, pero Feijóo contribuyó a sostener al presidente de la Generalitat durante un año pese al rechazo social y a que desde su entorno se hicieron públicas distintas versiones sobre su relato del día de la Dana. De la misma manera, Vox también fue laxo a la hora de permitir la continuidad de Mazón en ese tiempo, prefiriendo concentrar la culpa en el Gobierno de España. Cabe recordar que, actualmente, el expresidente mantiene su escaño de diputado en Les Corts —algo muy criticado por las asociaciones de víctimas y por la oposición— lo que le permite ser aforado.
En la otra orilla, respecto al Ejecutivo central, no se produjo ninguna dimisión ni cese. Algo que especialmente llama la atención en el caso del presidente de la CHJ, Miguel Polo, quien estuvo presente en la reunión del Cecopi y no supo reflejar o resaltar con la imperiosa necesidad requerida el crecimiento peligroso que estaba sufriendo el barranco del Poyo, del que su confederación estaba ofreciendo datos por email y prácticamente en tiempo real.
Adamuz: 46 muertos, cero dimisiones
El 18 de enero de este año, un tren Iryo descarrilaba en Córdoba y era embestido por un convoy Alvia que circulaba en sentido contrario, provocando 46 muertos y 152 heridos. El accidente está investigándose judicialmente y, hasta ahora, todo apunta a un presunto fallo en la soldadura de la infraestructura de la vía.
El PP apenas tardó una semana en exigir la dimisión de Óscar Puente, una petición que también profirió Vox pocos días después. De la misma manera, también otros partidos que han sido socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, como ERC, la solicitaron posteriormente. Las asociaciones de víctimas también han venido denunciando la falta de asunción de responsabilidades institucionales.
Toledo: 69 muertos, cero dimisiones
El pasado miércoles, en la misma línea que Adamuz, se producía un accidente por alcande entre un tren AVE de Renfe y un Iryo que se encontraba detenido en la vía a altura de Urda (Toledo). Hasta ahora el balance es de 69 muertos y decenas de heridos graves. El ministro Puente ha apuntado a un error humano, aunque también se ha confirmado que se produjo previamente un fallo en el sistema de seguridad LZB, precisamente en una línea donde estaba pendiente de renovación.
- Efectivos de la UME trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda. Foto: DIEGO RADAMÉS / EP
Tanto la oposición como varios partidos que han sido socios parlamentarios del PSOE, han pedido la dimisión del ministro, que este mismo viernes rechazó la posibilidad. "Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara", sentenció.
Algunas dimisiones internacionales tras accidentes graves
En otros países o, al menos en otros casos, los dirigentes institucionales sí han optado por abandonar sus cargos ante accidentes o catástrofes graves, apelando precisamente a la responsabilidad política.
Uno de los casos más recientes se produjo en Grecia en 2023, concretamente en el accidente ferroviario de Tempi, donde murieron 53 personas. El ministro de Infraestructura y Transporte, Kostas Karamanlis, dimitió pocas horas después de visitar el lugar del siniestro por "responsabilidad política", declarando que era su deber renunciar como muestra de respeto a las víctimas y por los fallos sistémicos del Estado en el sistema ferroviario.
En 2024, también dejó su cargo el ministro de Construcción, Transporte e Infraestructura, Goran Vesić, tres días después de la muerte de 14 personas debido al desprendimiento de un voladizo de hormigón en la fachada de la estación de tren de Novi Sad recientemente renovada. El dirigente, que rechazó cualquier culpa o responsabilidad penal, justificó su marcha por "responsabilidad moral".
