BADAJOZ (EP). La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.
La sentencia, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.
Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.
Plan ideado por "las más altas instancias" de la Diputación de Badajoz
En la sentencia, el juez establece son "múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa" que permiten inferir "con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón", que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo "ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz", para la creación de la plaza que posteriormente se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.
Así, en las conclusiones probatorias, la sentencia señala que los 11 acusados actuaron "en ejecución de un plan preconcebido , con unidad de acción", para "pergeñar los actos arbitrarios" con el objetivo de "favorecer" a David Sánchez Pérez-Castejón.
Una "arbitrariedad que se manifestó en la urgente creación de una plaza de empleo público" de coordinador de actividades de los conservatorios, que el juez tacha de "innecesaria y vacía de contenido", para primar el "interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general".
Plaza creada con "opacidad e irregularidad"
Señala la sentencia que esta plaza se creó estableciendo unas condiciones laborales y retributivas propias del personal de alta dirección, y se concedió a David Sánchez "conculcando los principios de mérito y capacidad", así como con "opacidad e irregularidad en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos".
Añade que el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo "creado para y adjudicado" a David Sánchez Pérez-Castejón, de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, supuso "de facto" una "modificación sustancial" de las condiciones de trabajo verificada "con el propósito de adaptarlas a las apetencias personales" del hermano de Pedro Sánchez, "por las actividades operísticas, dotándole de cuantiosas partidas presupuestarias al efecto".
También enmarca en este contexto, la creación de otra plaza más de empleo público de alta dirección, que ocupó su amigo Luis Carrero, y que la sentencia considera también "innecesaria y huérfana de funciones" y que a su juicio tenía "el exclusivo afán de adjudicarla en comisión de servicios al antiguo colaborador y amigo" de David Sánchez, con el objetivo de que "éste siguiera coadyuvando a aquel en sus labores operísticas, pese a que habían sido nombrados para prestar servicios en puestos administrativos que no guardaban relación entre sí".
Por todo ello, la sentencia llega a la conclusión de que este proceso "fluye de forma natural" para que los acusados entregaran al hermano de Pedro Sánchez, y a su amigo Luis Carrero, "sendas plazas retribuidas con fondos públicos de nueva creación para que pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno".
Tres bloques de hechos
En concreto, la sentencia divide los hechos en tres bloques, que considera probados, como son el primero de ellos, la creación por parte de la Diputación de Badajoz, entre 2016 y 2017, de la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios de esta ciudad y su adjudicación, como personal de Alta Dirección, al acusado David Sánchez Pérez-Castejón.
La creación de esta plaza no se estima por parte del juez "ni necesaria ni urgente", y hecho señala está "vacía de contenido" y su génesis "obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".
El segundo bloque que la sentencia también considera probado es el cambio de nomenclatura de la plaza que ocupaba David Sánchez, que en 2022 pasó a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, en lo que el juez considera que "supuso una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección", ya que suprimió la incompatibilidad "con el propósito de adaptarla a las apetencias personales" del hermano de Pedro Sánchez.
El tercer bloque se refiere a la creación por parte de la Diputación de Badajoz, y con carácter urgente a finales de 2023, de la plaza de Jefatura de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas que fue "adjudicada con la misma urgencia en comisión de servicios" al también Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y colaborador suyo en precedentes proyectos operísticos".
Una plaza que, según señala la sentencia, se creó "con el afán" de que siguiera ayudando a David Sánchez "en sus actividades relativas a la ópera ,aun cuando prestaban teóricos servicios en departamentos administrativos diferentes".
"Actividad criminal de despacho"
Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Badajoz considera probados los hechos en base al resultado que arroja la prueba indiciaria de los correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, además de la documentación remitida por la Diputación de Badajoz y de declaraciones de los directores de los conservatorios y del propio David Sánchez durante la fase de instrucción.
Considera el juez que al tratarse de una "actividad criminal de despacho", organizada y en el seno de una corporación como la Diputación de Badajoz, que describe como "de pequeña entidad, piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista", considera el juez que "es difícil la existencia de prueba directa", ya que cree que las declaraciones de testigos altos cargos están mediatizados por sus superiores", e incluso algunos de ellos "han promocionado profesionalmente durante el proceso".
También considera que "carece de relevancia acreditativa" la prueba propuesta por las defensas de los acusados orientada a demostrar el cumplimiento de los trámites administrativos en los procedimientos de creación, adjudicación y modificación de las plazas, unos procedimientos que califica "de carácter cosmético", al igual que la "pretendida dotación de contenido de las plazas creadas con el exclusivo designio de favorecer los intereses personales de los adjudicatarios y no de atender necesidades de interés general", señala la sentencia.
Nueve acusados más condenados a otros nueve meses de inhabilitación
En concreto, al que era entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, le ha condenado a 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo, por dos delitos de prevaricación administrativa.
Los dos delitos se corresponden con la creación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios que se adjudicó a David Sánchez en 2017, y su posterior modificación a la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022.
En el caso de David Sánchez Pérez-Castejón, el tribunal lo condena como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, en el caso de la modificación de su plaza en 2022, a la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
También ha sido condenado a nueve años de inhabilitación Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, quien ocupó la plaza que se creó en 2023 en la Diputación de Badajoz en la sección de actividades transfronterizas.
Por su parte, el actual diputado de Cultura y el director de éste área en la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas y Manuel Candalija, respectivamente, han sido condenados a nueve años de inhabilitación cada uno, el primero como autor y el segundo como autor por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación, en el caso de la creación en 2023 de la plaza que se adjudicó en comisión de servicio a Luis Carrero, amigo de David Sánchez.
Respecto a la exdiputada y exdirectora del área de Cultura en 2017, cuando se creó la plaza inicial de David Sánchez, Cristina Núñez y Elisa Moriano, respectivamente, ambas han sido condenadas, como autoras por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, a una pena de inhabilitación de nueve años para cada una.
Por su parte, los trabajadores de Diputación de Badajoz Juana Cintas, Emilia Parejo y Francisco Martos también han sido condenados a nueve años de inhabilitación, como autores por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, en este caso por la modificación en 2022 de la plaza que ocupaba David Sánchez.
Finalmente, el funcionario de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz Félix González Márquez, también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, por la creación de la plaza que ocupó David Sánchez en 2017.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz condena además a los acusados al pago de la mitad de las costas procesales, prorrateadas, incluyendo las ocasionadas por las acusaciones populares, atribuyendo al acusado Miguel Ángel Gallardo dos duodécimas partes de las éstas, y al resto de los acusados una décima parte a cada uno.
Por otra parte, el tribunal absuelve a todos los acusados del resto de las infracciones penales que se les imputaban, y no se pronuncia en materia de responsabilidad civil por falta de legitimación de las partes acusadoras.
