MADRID (EP/VP). El Consejo de Ministros ha desbloqueado el decreto que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que suman 157.731 millones de euros, y también permite a las entidades locales que tengan superávit presupuestario en 2025 a gastarlo en inversiones financieramente sostenibles.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha pedido el apoyo del PP en el Congreso para convalidar este decreto, teniendo en cuenta que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

La actualización de las entregas a cuenta —transferencias que reciben mensualmente las CCAA del dinero que les corresponde del sistema de financiación autonómica— se debe aprobar por real decreto-ley al no haber Presupuestos Generales del Estado (PGE). El retraso en la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda ha provocado que las autonomías estén recibiendo las entregas de 2023 —últimos PGE— y no lo que les corresponde en 2026 por la recaudación de impuestos.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2025 la acualización de las entregas a cuenta en un real decreto-ley ómnibus que decayó a finales de enero al ser rechazada su convalidación por la mayoría del Congreso. PP, Vox y Junts rechazaron todo el contenido del decreto —se vota conjuntamente— al albergar medidas que no estaban dispuestos a aceptar.

La actualización fue aprobada en un segundo decreto que también fue rechazado por el Congreso a finales de febrero al estar unida, de nuevo, a medidas relativas a la vivienda a las que el PP, Vox y Junts habían mostrado su rechazo.

Desde entonces, primero María Jesús Montero y luego Arcadi España han demorado tres meses la nueva aprobación de la actualización, lo que ha provocado tensiones de tesorería en algunas comunidades como la valenciana, que ha pedido al menos un anticipo al Ministerio de Hacienda para poder pagar a los proveedores dentro del plazo legal. 

A la cifra de las entregas a cuenta —que el Gobierno pagará con seis meses de retraso en la parte que se actualiza— se le suma la liquidación del ejercicio 2024, que se abona en julio, por lo que la financiación total que recibirán las comunidades autónomas en 2026 alcanzará los 170.300 millones, un 7,7% más que el ejercicio anterior.

También para los ayuntamientos

El decreto aprobado este martes también va destinado a las entregas a cuenta a entidades locales, que ascienden a 29.247 millones, un 8,8% más que el ejercicio pasado.

Sobre el superávit, los ayuntamientos podrán destinar parte de sus recursos del año 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Esto, según el ministro, puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras.

Al respecto, ha explicado que esta medida puede afectar a más de 2.540 entidades locales con un volumen de recursos de 3.000 millones de euros.

Del mismo modo, se ha habilitado un régimen excepcional para que, en el caso de que los ayuntamientos reciban ese remanente que tienen, destinarlo a políticas de vivienda que se lo puedan gastar en los cuatro años siguientes.