MADRID(EP). El Gobierno va a presentar alegaciones ante la Comisión Europea después de que esta le haya instado a aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y defenderá que ha logrado avances con las medidas aplicadas, pero que la mayoría del trabajo temporal se acumula en la administración dependiente de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez dará este paso después de que este mismo miércoles la Comisión haya decidido avanzar en los dos procedimientos abiertos a España en 2014 relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Bruselas señala las irregularidades y da a las autoridades españolas un plazo de dos meses para tomar medidas correctoras. De no hacerlo, la Comisión podrá optar por entrar en la tercera fase del expediente y denunciar a España ante la justicia europea.
Según trasladan fuentes gubernamentales a Europa Press, van a "colaborar" con la Comisión y presentarán sus alegaciones "en tiempo y forma". En ese sentido, defenderán que las reformas emprendidas por el Gobierno como la Ley para reducir la temporalidad en las administraciones públicas aprobada en 2021 y validada por la Comisión Europea han dado resultados.
Esta norma, defienden, está funcionando y ha logrado reducir la tasa de temporalidad en seis puntos "pasando de un 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad". Consideran además que España ha cumplido con la Comisión en el objetivo de cubrir con trabajadores fijos "300.000 plazas que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales" e incluso han superado esa cifra, llegando actualmente a 419.756 plazas estabilizadas.
40% de temporalidad en las comunidades
Han conseguido llegar a estas cifras gracias a "ofertas masivas de empleo" que viene realizando el Ejecutivo que, según recalcan en el Gobierno, ha convocado de media "32.522 plazas de empleo público al año entre 2018 y 2025".
En la misma línea, el Gobierno va a alegar que el problema de la temporalidad en España reside principalmente en las comunidades autónomas, con una tasa del 40% de empleados temporales. De estas administraciones dependen sectores con altas tasas de trabajo temporal como la educación y la sanidad públicas. La Administración General del Estado, por el contrario, tiene un porcentaje de contratos temporales del 4,7%.
Asimismo el Gobierno asegura que "tiende la mano" a las CCAA para seguir avanzando en este "objetivo compartido" de reducir la temporalidad en el sector público.
