MURCIA. La fiscalidad continúa como una de las cuestiones de mayor interés para las empresas de la Región de Murcia. No en vano, unas declaraciones incorrectas pueden derivar en multas cuantiosas que pueden dejar buena mella en la cuenta de resultados, como es el caso del Impuesto de Actividades Económicas, donde un 80% de las compañías abona una cantidad equivocada.

Al menos, así lo asegura la consultora Ayming, que destaca que 27 de los municipios más industrializados de la Comunidad murciana se encuentran inmersos en procesos inspectores relacionados con este tributo y, en caso de encontrar irregularidades, la multa aproximada es del 50% del diferencial detectado y la regularización de los últimos cinco años, incluido el presente 2025.

"Los errores se deben principalmente a que este Impuesto está muy olvidado y desactualizado, ya que no es un tributo que exija una declaración periódica y, por lo tanto, las empresas dan de alta las actividades y posteriormente, aunque superen los parámetros que les obligan a realizar declaraciones de variación -potencia y superficie-, no lo hacen, por lo que se producen desajustes que después son regularizados por la Inspección Tributaria", señala David Poveda, miembro del equipo fiscal de Ayming.

Al fin y al cabo, resulta habitual que una empresa declare una potencia y una superficie pero, conforme pasan los años, esta potencia puede variar, al alza o a la baja, al igual que la superficie de las instalaciones, que muchas veces son ampliadas. Cuando esta variación en potencia o superficie supera o disminuye un 20%, se ha de actualizar en el impuesto del IAE, explica.

Pese a que este impuesto corresponde a los ayuntamientos, estos han delegado su gestión en la Agencia Tributaria: "La zona de la Región de Murcia tiene numerosas empresas industriales, pero los ayuntamientos no tienen suficiente personal para llevar a cabo estas inspecciones, por lo que delegan dichas funciones en este organismo que, al ser regional y tener las competencias para toda la comunidad, ha iniciado inspecciones de forma simultánea en numerosos municipios", remarca.

Por otro lado, también destaca que, según Ayming, Murcia, Lorquí y Alguazas han subcontratado empresas privadas para llevar a cabo estas inspecciones, lo que "suele ser problemático: "Estas actuaciones son realizadas por empresas privadas que no buscan el interés general que corresponde a la Administraciones Públicas, sino el particular, ya que cobran un porcentaje sobre las liquidaciones derivadas de sus actuaciones", incide Poveda.

Cabe destacar que, pese a que existen grandes variaciones entre municipios donde los costes más altos se ubican en las localidades con mayor población, este impuesto tiene una gran repercusión para las compañías, pues tiene un impacto medio del 8% en la cuenta de resultados, según los datos de esta consultora.