MURCIA. Las 46 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Región de Murcia facturan 55 millones de euros al año y emplean a 851 profesionales entre ingenieros, inspectores de línea y personal administrativo, de acuerdo con los datos de la Comunidad.
Estos centros han realizado en la primera mitad de este año 613.831 inspecciones periódicas a vehículos con un índice de rechazo en estas inspecciones alcanzó el 18,27 por ciento, lo que equipara la Región con la media nacional, cuando en 2022 esta cifra estaba por debajo del 13 por ciento.
Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que ha celebrado la liberalización del sector que ha supuesto una inversión de 5 millones de euros en la construcción, equipamiento y adecuación normativa de las estaciones.
“Los datos respaldan la apuesta por la estabilidad del sector, la consolidación del modelo liberalizado y la mejora continua de los indicadores operativos, de control y de calidad del servicio”, destacó Juan María Vázquez, quien recalcó que “pasamos de contar con apenas ocho estaciones y un oligopolio a tener 46 en un mercado en el que la competencia ha mejorado el servicio y eliminado prácticamente los tiempos de espera a los usuarios”.
El consejero subrayó que la liberalización del sector hace ocho años “ha permitido ampliar la cobertura territorial y garantizar un mercado plural y equilibrado con libre competencia y diversificación de operadores”, y señaló que todas las estaciones “están sometidas a una normativa nacional rigurosa”, que exige la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación y la correspondiente autorización administrativa, así como “una fiscalización constante por parte de la Dirección General de Industria, que realizó en 2024 un total de 307 inspecciones por parte de los controladores regionales, mientras que en 2025 se ejecutaron 380 inspecciones adicionales y en lo que va de año 126, de las que apenas cuatro han resultado en expedientes sancionadores”.
“Para nosotros, la prioridad sigue siendo la seguridad. El índice de rechazo regional fue del 18,27 por ciento, exactamente igual que antes de la liberalización y en línea con la media nacional”, afirmó Juan María Vázquez. A su juicio, otro de los grandes beneficios de este nuevo modelo ha sido la atracción de inversión y la dinamización del empleo en el sector industrial.
Mejor servicio y de mayor calidad
La Región de Murcia cuenta con un parque móvil de 1.215.840 vehículos, una cifra que arroja una ratio de 26.431 vehículos por estación, 1.373 menos que en 2024. Esta cifra está por debajo de la mitad de la media nacional, que se sitúa en 53.303, y muy por debajo de comunidades como la Comunidad Valenciana (105.963), Cataluña (89.984) o Andalucía (88.796). Esto se traduce en un mejor servicio y una mejor experiencia para el usuario: con menor tiempo de espera, mejor acceso al servicio y una mayor disponibilidad.
El consejero hizo hincapié en que solo tres comunidades autónomas mantienen el sistema de ITV completamente público: “De ellas, dos son Andalucía y la Comunidad Valenciana, desde las que numerosos conductores cruzan nuestras fronteras para beneficiarse de las ventajas de nuestras estaciones”, remarcó Vázquez.
Para el consejero, la situación actual de las ITV en la Región es resultado de un cambio de modelo ordenado, con una capacidad regulatoria firme; avanzado tecnológicamente y orientado a garantizar la prestación de un servicio de calidad: “Disponemos de una de las redes de ITV con mejor cobertura, menor saturación por estación y mayores garantías de control técnico del país. Además, generamos empleo, inversión y seguridad vial. Y lo hacemos con criterios de transparencia, trazabilidad y eficiencia”.
En 2023, el Gobierno regional a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estableció unas medidas especiales de control y supervisión de las ITV añadidas a la normativa estatal. Entre éstas destacan la obligatoriedad de contar con cámaras en las líneas de inspección o la interconexión de los distintos centros a una base de datos a la que tiene acceso Guardia Civil y Policía Nacional, además de la Entidad Nacional de Acreditación.
