MURCIA. El jugoso contrato de la seguridad regional vuelve a salir a licitación. Como ya se hizo en la anterior convocatoria, la Comunidad prepara un acuerdo marco que gestione toda la vigilancia y protección de los edificios dependientes de esta Administración, lo que supondrá una inversión total de 76,6 millones de euros.

Por el momento, tan solo se ha remitido el anuncio previo de esta convocatoria, de forma que la Comunidad aún tiene que publicar los pliegos de este contrato para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

En cualquier caso, ya se ha especificado que este acuerdo marco se prevé que tenga una duración de dos años, que empezarán a contar desde el 1 de octubre de este 2025. En cualquier caso, también se contempla una prórroga de otros dos ejercicios adicionales, de forma que el servicio se podrá ampliar hasta el 2029. En ese caso, el coste total podría superar los 150 millones de euros.

La Comunidad aún no ha desvelado cuáles serán todos los criterios que seguirá para escoger a la compañía que se encargue de este servicio, pero sí que el precio tendrá un valor del 15% de la nota final, una cantidad inferior a la habitual en otros contratos licitados por la Administración pública.

Asimismo, dado que será un concurso dividido en 16 lotes, la Mesa de Contratación prevé que serán necesarios 15 operadores para prestar este servicio. Sin embargo, en la actualidad la seguridad privada se encuentra en manos de solo tres empresas, de las cuales dos de ellas tienen sede en la Región.

En estos momentos, la molinense Grupo Sureste, la murciana Salzillo Seguridad y la madrileña Pycseca son las tres compañías que se dividen la vigilancia de los edificios dependientes de la Comunidad autónoma desde que se les adjudicara este servicio en el 2022.

En aquel entonces, el macrocontrato ascendía a 43 millones de euros por un plazo de dos años, por lo que los 76 millones que se han puesto en juego en estos momentos para un periodo similar suponen un incremento del 76% en el coste.

Cabe recordar que el año pasado, en 2024, se renovó aquel acuerdo marco de 2022 por otros 21 millones de euros adicionales, motivo por el que estas tres compañías seguirán prestando servicio hasta el 1 de octubre de este 2025. El contrato planteaba una prórroga adicional de un año, aunque finalmente no se llevará a cabo.

En concreto, esta licitación gestiona la seguridad, vigilancia y el control de accesos de los 178 edificios públicos dependientes de la Comunidad murciana. Este concurso público está conformado en su mayoría por la vigilancia de los centros sanitarios, pues representan hasta 11 de los lotes ofertados. El resto de la oferta la completan la vigilancia de los museos, consejerías y organismos autónomos, así como la labor de conserjería y el mantenimiento de los sistemas de seguridad, que también formarán parte de la licitación.