VALÈNCIA (EFE). El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes que el Gobierno incluirá "de oficio" en la Ley Estatal de Memoria democrática todo lo que los ejecutivos autonómicos del PP y Vox eliminen de sus leyes, como ya ha ocurrido en Aragón.

En su comparecencia este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Torres ha adelantado que, al margen de proponer a esos gobiernos autonómicos sentarse a negociar sobre las discrepancias que presenten esas leyes y en caso de desacuerdo llevarlas ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno tiene decidido trasladar a la ley estatal aspectos como el mapa de fosas o lugares de memoria que han sido borrados de la normativa autonómica en Aragón.

Y lo mismo hará en su caso con otras leyes que puedan aprobarse en otras comunidades en la misma línea, como las llamadas "de concordia" que impulsan los ejecutivos autonómicos de coalición PP-Vox de la Comunitat Valenciana y Castilla y León.

"Donde haya una normativa autonómica que es restrictiva con respecto a lo que son derechos internacionales y derechos humanos, el Gobierno de España lo incluirá en la Ley de Memoria Democrática", ha garantizado Torres, que ha invitado a los presidentes autonómicos a entender que la "reparación" de las víctimas que fueron "ejecutadas por defender un orden democrático" tiene que ser "un principio y un pilar fundamental que no haya discusión".

Respecto a la negativa inicial del Gobierno de Aragón a sentarse a negociar con el ejecutivo central, el titular de Memoria Democrática lo ha calificado como "algo anormal", pero ha señalado que aun debe pronunciarse "de manera oficial" cuando el Ministerio le convoque formalmente a una comisión bilateral donde abordar esta discrepancia.

El responsable de Política Teritorial y Memoria Democrática ha acusado al PP de estar entregado a Vox para impulsar entre ambas formaciones allí donde gobiernan un "mecanismo de involución" que en la práctica iguala la dictadura con la II República.

Torres ha asegurado que en todo caso el Gobierno continuará con las exhumaciones, porque "la recuperación de las victimas que están en fosas comunes es un principio irrenunciable y una reclamación justa".

Ha anunciado también que llevará al Consejo de Ministros del próximo 23 de abril el acuerdo que establece la Ley de Memoria Democrática para crear una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.

La Disposición adicional duodécima de la ley establece la constitución de esa comisión a propuesta del titular del departamento competente -actualmente el propio Torres- "en el plazo de seis meses" -que se cumplió hace un año, en plena precampaña de las autonómicas y municipales, siendo responsable de esta materia Félix Bolaños-.

La comisión deberá elaborar un informe sobre "las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España".