SAN PEDRO DEL PINATAR. El presidente de la Región de Murcia y candidato del PP para revalidar ese cargo en las elecciones del 28 de mayo, Fernando López Miras, se ha comprometido a financiar la compra de 200 viviendas para personas con discapacidad y la creación de 600 nuevas plazas en viviendas tuteladas y centros especializados para este colectivo.

Así lo ha dicho en un acto en San Pedro del Pinatar en el que se ha comprometido, si gana las próximas elecciones autonómicas, a impulsar una ley de Autonomía y Garantía de los Derechos de Personas con Discapacidad que “garantice la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión total en la sociedad de todos, con independencia de sus capacidades”.

Esa ley, ha subrayado, llevará aparejado un plan estratégico de atención a la discapacidad, así como la financiación de la compra de 200 viviendas para personas con discapacidad, que se articulará a través de acuerdos con la ONG, al tiempo que se aprobarán deducciones en la declaración del IRPF y ayudas, tanto para la adquisición, como para la adaptación y rehabilitación de viviendas para ese colectivo.

Asimismo, Miras se ha comprometido si vuelve a ser presidente a crear 600 nuevas plazas en viviendas tuteladas y centros de día destinadas a personas con discapacidad o con problemas de salud mental.

Para esos mismos colectivos, ha dicho, se creará una “oficina de la vivienda autónoma” que ofrezca orientación sobre los recursos disponibles en esta materia.

Para apoyar al tercer sector en la prestación de los servicios de atención especializados dotándolo de garantías, se priorizarán los conciertos sociales, ha indicado, y ha anunciado también la creación de un catálogo especializado de recursos y prestaciones sociales para que todos los ciudadanos puedan conocer de manera accesible los diferentes servicios que tienen a su alcance.

Otro objetivo de cara a la próxima legislatura será el de poner en marcha una “estrategia de lucha contra la pobreza” que prestará especial atención a los jóvenes y los casos de pobreza crónica.

Para proteger a la infancia y adolescencia, se ha comprometido a adaptar la normativa autonómica a la ley de Protección Integral de la Infancia frente a la Violencia, así como a combatir la pobreza infantil garantizando el acceso a todos los servicios de nutrición, educación, salud y vivienda.

Por último y entre otras medidas, se ha comprometido a que la administración regional trabajará con las empresas de inserción e incluirá en toda la contratación pública cláusulas sociales asociadas al empleo.