MURCIA (EFE). Personas, entidades y colectivos de protección del Mar Menor han presentado este miércoles ante el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se apruebe una ley que reconozca la personalidad jurídica a este ecosistema, informaron fuentes del movimiento vecinal Por un Mar Menor Vivo. La pasada semana, de hecho, el Ayuntamiento de Los Alcázares acordaba por unanimidad emprender una iniciativa legislativa popular para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia y defender así sus derechos e intereses ante su degradación ambiental.

Los motivos que han llevado a presentar esta petición se basan en la "grave crisis" socio-ambiental, ecológica y humanitaria de la laguna y el "insuficiente" sistema jurídico actual de protección.

La personalidad jurídica, según el movimiento vecinal, está vinculada a que el Mar Menor es una "entidad que despierta un fuerte apego emocional" en la ciudadanía y que ha venido sufriendo la convergencia de diversos impactos, derivados de las presiones relacionadas con la intensificación de los usos agrarios, urbanos y turísticos.

Por ello, en base al marco previsto en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, esta ILP pretende que el ecosistema lagunar se dote como sujeto de derechos, en base a su valor ecológico intrínseco, y que se garantice la necesaria solidaridad intergeneracional, protegiéndolo para las generaciones futuras, cumpliendo los compromisos internacionales adquiridos, como el Acuerdo de París de 2015 sobre Cambio Climático.

De esta forma, se ampliaría la categoría de los sujetos de derecho a las entidades naturales, como se solicita para el Mar Menor, dejando de ser un "mero objeto" del desarrollo a ser un "sujeto inseparablemente biológico, ambiental y cultural".

Para ello, el Mar Menor contará con tres figuras, derivadas de la personalidad jurídica: una Tutoría o representación legal, una Comisión de Seguimiento (que serían los guardianes del Mar Menor) y un Comité Científico, que asistirá a la Tutoría y a la Comisión.

Asimismo, cualquier persona física o jurídica estará legitimada a la defensa del ecosistema del Mar Menor, pudiendo hacer valer los derechos y las prohibiciones de la ley a través de una acción presentada ante el órgano judicial correspondiente.