CARTAGENA (EFE/EP). La reforma de la ley de universidades ha quedado aprobada esta martes en la Asamblea Regional con los votos a favor del Partido Popular y cuatro de los siete miembros de Vox, y la abstención de 13 diputados del Partido Socialista, así como el voto en contra de los dos diputados del grupo mixto pertenecientes a Podemos e IU-V.
La aprobación de la la toma en consideración del proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia permitirá iniciar su tramitación parlamentaria. La iniciativa ha suscitado discrepancias entre los grupos, especialmente por el modelo de financiación de las universidades públicas y las garantías presupuestarias que contempla.
El consejero de Universidades, Juan María Vázquez, ha defendido la toma en consideración del proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia, una norma de 110 artículos que sustituirá a la legislación vigente desde 2005 y que busca adaptar el sistema universitario a los nuevos retos educativos, científicos y tecnológicos, reforzar la financiación y garantizar la igualdad de oportunidades.
Durante su intervención en el pleno, Vázquez ha destacado que la nueva ley responde a una realidad universitaria que supera los 55.000 estudiantes y cuenta con campus en Murcia, Cartagena, Lorca y San Javier, además de reconocer la aportación del centro universitario de la Defensa.
"Necesitamos una ley integral, ajustada a nuestra realidad regional, que mire al futuro y sea respetuosa con la autonomía universitaria", ha señalado el consejero, quien ha recordado que la normativa actual tiene 21 años y requiere adaptarse a los cambios legislativos y sociales.
Entre las novedades ha destacado la creación del Consejo de Estudiantes de las universidades de la Región de Murcia y un modelo plurianual de financiación vinculado a objetivos evaluables. También ha defendido que las universidades afronten los desafíos de la digitalización y la inteligencia artificial con garantías éticas, protección de datos e integridad académica.
El consejero ha ofrecido diálogo durante la tramitación parlamentaria y ha pedido el voto favorable para dotar a la comunidad universitaria de "estabilidad y continuidad" y ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes. El titular de Eduación ha defendido, además, el proceso de participación previo a la elaboración del texto, que recibió 221 aportaciones de 95 participantes durante la consulta pública inicial. También ha señalado que las observaciones de los órganos consultivos, entre ellos el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico, han contribuido a mejorar el proyecto antes de su remisión a la Cámara.
Reacciones de los grupos parlamentarios
La diputada del grupo Mixto María Marín ha considerado que la nueva ley abre la puerta a la privatización de la enseñanza superior mediante un recorte encubierto de hasta el 30% de la financiación pública. Arcas ha criticado el principio de corresponsabilidad financiera recogido en el artículo 29 y ha advertido de que reproduce el modelo de la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha reclamado garantías de financiación pública suficiente y ha agradecido al consejero y a la Consejería su trabajo.
El diputado socialista Juan Andrés Torres ha dicho que la nueva ley no garantiza financiación suficiente ni moderniza el sistema universitario. Torres ha criticado que el proyecto no asegure recursos para el funcionamiento de los campus y ha reclamado alcanzar una inversión del 1% del PIB regional, frente al 0,77% actual. También ha reprochado la ausencia de medidas sobre vivienda, becas, transporte y salud mental para los estudiantes, aunque ha reconocido las aportaciones de los colectivos universitarios.
El diputado de Vox Ignacio Arcas ha advertido de que su voto favorable no supone un "cheque en blanco" y ha exigido garantizar la neutralidad ideológica en las aulas. Arcas ha cuestionado la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la actividad universitaria y ha criticado al Gobierno regional por promoverlos. No obstante, ha reconocido el trabajo de la Consejería y la necesidad de actualizar una normativa vigente desde 2005.
