MURCIA. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Murcia ha declarado en concurso necesario de acreedores al Real Murcia al apreciar la existencia de una situación de insolvencia, tras el allanamiento de la propia entidad a las solicitudes presentadas por varios acreedores, según informó el Tribuna Superior de Justicia (TSJ), y eso propicia que el club del que es propietario Felipe Moreno mantenga su gestión bajo supervisión judicial. Pese a ello, el club conservará sus facultades de administración y disposición, aunque sometidas a la intervención de la administración concursal.

El auto judicial recuerda que las solicitudes de concurso fueron presentadas por el Málaga Club de Fútbol SAD y el RCD Mallorca SAD, lo que determina el carácter necesario del procedimiento conforme al Texto Refundido de la Ley Concursal.

La magistrada subraya que el reconocimiento de la situación por parte de la deudora no exime al juzgado de comprobar la existencia de insolvencia y concluye que la documentación incorporada al procedimiento acredita suficientemente la concurrencia de este presupuesto legal.

No obstante, la resolución se aparta de la regla general de suspensión de facultades en los concursos necesarios y opta por mantener al actual órgano de administración al considerar que el interés del concurso aconseja preservar la gestión ordinaria de la entidad bajo fiscalización de la administración concursal.

Entre los elementos valorados figuran la continuidad de la actividad deportiva y empresarial del club, su estructura de 97 trabajadores y la necesidad de adoptar decisiones vinculadas a la temporada 2026/2027, en la que el primer equipo grana competirá en Primera RFEF por quinta campaña consecutiva y otra vez con el objetivo de ascender a Segunda División.

El auto señala que la entidad mantiene compromisos deportivos, federativos, administrativos y comerciales que requieren una gestión continuada.

La resolución también destaca la evolución de los ingresos comunicada por el Real Murcia, que habrían pasado de una previsión inicial de 5.577.645 euros a 8.468.734,19 euros.

Según la magistrada, esta capacidad de generación de recursos, unida a la previsión de presentar un convenio con plan de pagos y viabilidad y al informe favorable emitido por un experto en reestructuración, justifica preservar la continuidad operativa de la sociedad.

El auto designa como administración concursal a Aseproem Concursal SLP, abre la fase común del concurso y emplaza a los acreedores para que comuniquen sus créditos en el plazo de un mes desde la publicación de la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).