La situación de los usuarios de la Marina del Puerto de Cartagena volvió al debate político municipal. La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para exigir mayor transparencia, precios más accesibles y mejoras en la gestión de los amarres encontró un inesperado punto de encuentro -y otro de desencuentro- con el Gobierno local, que planteó trasladar el problema al ámbito nacional para establecer criterios homogéneos en todos los puertos españoles.
La iniciativa socialista pone el foco en las quejas que desde hace meses vienen trasladando numerosos usuarios de la marina gestionada por el Club de Regatas. Entre ellas destacan el fuerte incremento de las tarifas, la falta de información sobre la ocupación de los amarres, las listas de espera o los criterios de adjudicación de plazas, así como las dificultades que denuncian algunos usuarios para acceder a determinados servicios básicos.
Según recoge la moción, algunos propietarios de pequeñas embarcaciones han visto prácticamente duplicadas sus cuotas en apenas un año. El PSOE también denuncia la situación de usuarios que permanecen durante años en condición de transeúntes, pagando tarifas más elevadas que las correspondientes a un amarre ordinario mientras esperan una plaza fija.
Transparencia y amarres asequibles
La propuesta socialista reclamaba garantizar la naturaleza pública de la instalación, facilitar amarres a precios asequibles, mejorar la seguridad y la accesibilidad, establecer mecanismos preferentes para quienes llevan años esperando una plaza fija y publicar periódicamente información sobre la ocupación de la marina y las listas de espera.
Sin embargo, el debate dio un giro cuando el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, defendió que el problema trasciende el caso concreto de Cartagena y afecta a numerosas instalaciones portuarias del país.
La propuesta: una regulación estatal
El edil popular planteó una enmienda para instar al Gobierno de España a intervenir a través de Puertos del Estado y establecer una regulación común para todas las marinas dependientes de las autoridades portuarias.
"Posiblemente una vía de solución sería que Puertos del Estado interviniera en esta cuestión", señaló Ortega, quien considera que actualmente existe una falta de homogeneidad en aspectos esenciales relacionados con la gestión de los amarres.
La propuesta del concejal pasa por que el organismo estatal establezca criterios mínimos sobre cuestiones como la consideración de usuario transeúnte, la gestión de las listas de espera, los sistemas de adjudicación de amarres o la política de precios que aplican las concesionarias de las marinas.
"Creo que, unificando esta cuestión, podremos conseguir que nuestros vecinos obtengan un trato más justo y que no quede al libre arbitrio de que una autoridad portuaria saque una concesión administrativa y, a su vez, el concesionario establezca unos servicios o una forma de tratar a los usuarios", argumentó.
La intervención de Ortega introduce además un elemento de debate que va más allá de Cartagena: hasta qué punto deben existir reglas comunes para instalaciones portuarias que actualmente funcionan bajo modelos concesionales diferentes según la autoridad portuaria de la que dependan.
Un debate local con alcance nacional
Mientras los usuarios reclaman soluciones inmediatas a los incrementos tarifarios y una mayor transparencia en la gestión de los amarres, el Ayuntamiento plantea abrir un debate de alcance nacional sobre el funcionamiento de las marinas deportivas españolas y el papel que debe desempeñar Puertos del Estado para garantizar la igualdad de trato entre usuarios independientemente del puerto en el que tengan su embarcación.
Las denuncias del PSOE
El debate estuvo marcado por las discrepancias sobre quién debe asumir la responsabilidad de resolver los problemas denunciados por los usuarios de la Marina del Puerto de Cartagena.
Desde el PSOE, Pedro Contreras defendió la necesidad de actuar ante una situación que, según denunció, afecta especialmente a propietarios de pequeñas embarcaciones y jubilados. La moción alerta de incrementos de tarifas que en algunos casos rozan el 100% en apenas un año y reclama transparencia sobre la ocupación de amarres, las listas de espera y los criterios de adjudicación. Además, sostiene que algunos usuarios llevan hasta siete años ocupando plazas de transeúnte sin acceder a un amarre fijo.
MC carga contra las administraciones
El momento de mayor tensión del debate llegó durante la intervención del portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, que, además de arrancar el aplauso de los allí asistentes, aprovechó la propuesta de Diego Ortega para cuestionar tanto la actuación de la Autoridad Portuaria de Cartagena como la del propio Gobierno municipal.
"Si es que al final somos todos igual de negligentes", afirmó Giménez Gallo, provocando los aplausos de varios asistentes al Pleno.
El dirigente cartagenerista sostuvo que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria mantienen una estrecha colaboración en numerosos asuntos, pero que cuando surgen problemas que afectan directamente a los ciudadanos "unos por otros, la casa sin barrer".
Giménez Gallo criticó que existan recursos para actuaciones urbanísticas mientras, a su juicio, no se destinan inversiones suficientes a mejorar las instalaciones de la Marina.
Cruce de reproches en el Pleno
Además, rechazó que la solución pase exclusivamente por trasladar el problema a Puertos del Estado. "No lo hacen porque no les da la gana", afirmó en referencia a las administraciones implicadas.
Las palabras del portavoz de MC motivaron una inmediata respuesta de la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien salió en defensa de la intervención realizada previamente por el concejal de Infraestructuras.
"El señor Ortega no ha hablado en ningún momento de negligencia", respondió la regidora, que atribuyó la problemática a la complejidad administrativa y competencial existente entre las distintas administraciones implicadas.
Arroyo acusó además a Giménez Gallo de intentar capitalizar la reacción del público presente en el salón de plenos. "No aproveche, como siempre, para el aplauso fácil", le reprochó.
Acuerdo unánime
Pese al enfrentamiento dialéctico, la alcaldesa recordó al término del debate que la moción salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos y garantizó que el acuerdo volverá a trasladarse al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
"Lo que deseamos es que se lleve a buen puerto y que se solucione", concluyó.
El debate evidenció así dos enfoques complementarios: por un lado, la exigencia de respuestas inmediatas a las quejas de los usuarios de la Marina de Cartagena y, por otro, la necesidad de abrir una reflexión más amplia sobre el modelo de gestión de las marinas deportivas en el conjunto del sistema portuario español.
