Una asociación vinculada a los vecinos afectados por la contaminación de suelos en Los Mateos ha presentado un requerimiento urgente ante la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia en el que reclama la adopción inmediata de medidas de protección ante la existencia de resultados elevados de plomo en sangre entre residentes de la zona, incluidos varios menores.
El escrito solicita, entre otras medidas, el realojo temporal y cautelar de las familias que viven en las calles Sol, Travesía a Sol, Vía y Travesía a San Francisco, situadas en el entorno inmediato de la parcela municipal contaminada de la Unidad de Actuación 1 de Los Mateos.
Según expone la asociación en el documento, ha tenido conocimiento, a través de información clínica facilitada confidencialmente por familias afectadas, de varios menores con concentraciones de plomo en sangre superiores a 3,5 microgramos por decilitro, entre ellos al menos dos casos con valores de 14,90 y 12,7 microgramos por decilitro.
El colectivo sostiene además que facultativos que atienden a menores residentes en el ámbito afectado habrían establecido diagnósticos clínicos de intoxicación por plomo y cobre.
Un problema ambiental documentado desde 2023
La asociación relaciona estos resultados con la contaminación detectada desde hace años en una parcela municipal de Los Mateos. Entre los antecedentes incorporados al escrito figura una caracterización realizada por la Universidad Politécnica de Cartagena en la que se identificaron concentraciones muy elevadas de diferentes metales.
Entre los resultados citados destaca una muestra superficial con una concentración de 102.571,83 miligramos de plomo por kilogramo, además de niveles elevados de cadmio, arsénico, mercurio, cobre y zinc.
Asimismo, el documento recuerda que un Análisis Cuantitativo de Riesgos elaborado en mayo de 2023 concluyó que existía un riesgo tóxico no aceptable para los residentes del entorno inmediato de la parcela, una conclusión que, según el escrito, fue posteriormente confirmada en una revisión realizada en octubre de 2024.
El informe técnico de la Dirección General de Medio Ambiente de abril de 2025 recogió estos antecedentes y la necesidad de tratar o gestionar los suelos afectados. Posteriormente, la resolución que aprobó el proyecto de recuperación voluntaria estableció que, una vez concluidas las actuaciones, debía acreditarse la ausencia de un riesgo tóxico sistémico y cancerígeno inaceptable para la salud humana en un uso urbano del suelo.
Solicitan el realojo cautelar de las familias
Ante esta situación, la asociación pide a Salud Pública que impulse una medida preventiva que permita separar temporalmente a los vecinos del entorno potencialmente afectado mientras se determina la seguridad de la zona.
La petición afecta inicialmente a todas las familias residentes en las cuatro calles señaladas, aunque el escrito plantea que una futura delimitación ambiental y sanitaria podría concretar técnicamente el ámbito de la medida. El colectivo solicita además que se dé prioridad a las viviendas en las que residan menores, mujeres embarazadas y otras personas especialmente vulnerables.
La asociación subraya que el realojo tendría un carácter temporal, preventivo y cautelar, y que no sería necesario que todos los miembros de una familia presentaran previamente niveles elevados de plomo en sangre para adoptar esta medida.
Problemas para acceder a una unidad especializada
El requerimiento también alerta de una incidencia comunicada el pasado 31 de agosto por una de las familias afectadas. Según la información trasladada a la asociación, el pediatra que atiende a sus hijos habría informado de la imposibilidad de derivarlos a la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca a través del circuito asistencial habitual.
La asociación aclara expresamente que no atribuye responsabilidad al facultativo y considera que, si esta situación responde al funcionamiento organizativo o informático del sistema, existe una barrera para que los menores puedan acceder a una valoración especializada. Por ello, reclama al Servicio Murciano de Salud y a los organismos competentes la habilitación de un circuito extraordinario de derivación o interconsulta.
Según el escrito, la misma familia también habría comunicado la existencia de otro resultado analítico de especial preocupación y que todavía no habría recibido algunos de los resultados de las pruebas realizadas.
Muestreo independiente en los centros infantiles
Otra de las principales peticiones del colectivo es la realización de un muestreo ambiental urgente, independiente y trazable en los centros infantiles de la zona.
La asociación considera que la continuidad o reapertura de estos centros no debería basarse únicamente en inspecciones visuales o en la ausencia de síntomas, sino en un plan específico de análisis del polvo, superficies interiores, patios, zonas de tierra y otros posibles puntos de exposición.
El escrito plantea que estas pruebas incluyan, como mínimo, determinaciones de plomo, cadmio y zinc, además de otros metales que los técnicos consideren necesarios. También reclama que los trabajos sean realizados por un organismo público competente o una entidad independiente, con cadena de custodia, procedimientos documentados y laboratorios acreditados.
La asociación asegura que los técnicos e investigadores que la asesoran no han podido realizar por sí mismos un muestreo independiente en el interior de estos centros y sostiene que corresponde a la autoridad sanitaria garantizar una evaluación «independiente, reproducible y trazable».
Diferencias entre análisis
El documento también plantea la necesidad de estudiar determinadas discrepancias detectadas entre resultados obtenidos por laboratorios privados acreditados y los realizados dentro del sistema sanitario público.
Según expone la asociación, en algunos casos se habrían observado diferencias superiores al 30%, una circunstancia que, a su juicio, requiere una evaluación metrológica y una revisión de aspectos como los métodos analíticos empleados, la incertidumbre de las mediciones, la trazabilidad o las condiciones de conservación y procesamiento de las muestras.
El requerimiento se apoya, entre otras normas, en la Ley General de Sanidad y en la legislación sobre medidas especiales en materia de salud pública, que permiten a las autoridades sanitarias adoptar medidas preventivas cuando existan indicios de un riesgo para la salud. El escrito también invoca la especial protección que la normativa regional reconoce a los menores y otros colectivos vulnerables.
La asociación reclama ahora una respuesta urgente de las administraciones competentes y la adopción de medidas que permitan determinar el alcance de la posible exposición y proteger a los residentes mientras se completa la evaluación ambiental y sanitaria de la zona.
