La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete ha lamentado que haya tenido que ser la intervención judicial la que ordene la toma de muestras de las tierras de excavación de la calle Morería Baja, tras la denuncia presentada por el colectivo ante el posible riesgo medioambiental derivado de unas obras que afectan a una zona donde, según informes técnicos, podrían existir elevados niveles de plomo y otros metales pesados.

La entidad sostiene que el movimiento de tierras previsto para la instalación soterrada de cableado eléctrico y de telecomunicaciones podría generar riesgos para la salud de los vecinos y trabajadores, además de impactos sobre el medioambiente. Por ello, recuerda que antes de acudir al juzgado y al Seprona solicitó tanto al Ayuntamiento de Cartagena como a la Comunidad Autónoma que realizaran una caracterización previa del suelo conforme a la legislación vigente, una petición que, según denuncia, no obtuvo respuesta.

Desde la Coordinadora aseguran que la actuación judicial podría haberse evitado si el proyecto hubiera excluido cualquier movimiento de tierras en una zona de especial relevancia arqueológica, correspondiente al antiguo barrio artesanal y portuario romano. El colectivo considera que la obra nunca debió plantearse en los términos actuales y critica la falta de consenso institucional y social en torno a la intervención.

La portavoz de la Coordinadora, María Luisa Conesa, afirma que la actuación supone “un atentado contra el patrimonio histórico y probablemente también contra el medioambiente y la salud”, al tiempo que recuerda que la organización llegó a recibir, según su versión, amenazas por parte de la alcaldesa, Noelia Arroyo, por cuestionar el desarrollo de las obras.

Denuncian daños sobre restos arqueológicos

A las preocupaciones medioambientales, la Coordinadora suma ahora posibles daños al patrimonio histórico. El colectivo asegura disponer de pruebas que evidenciarían la rotura de varios sillares antiguos de piedra arenisca a consecuencia del uso de maquinaria pesada durante las obras.

Según explica, estos elementos aparecieron prácticamente en superficie en el área donde se documentó un gran edificio público de época púnica. La organización destaca que este tipo de piedra fue utilizada durante la Antigüedad y reutilizada en épocas posteriores, por lo que considera que los daños sufridos evidencian una insuficiente protección de los restos arqueológicos existentes en la zona.

La Coordinadora sostiene que estos hechos ponen de manifiesto el riesgo que corren las estructuras históricas del entorno y reclama una mayor supervisión de los trabajos. Las actuaciones legales emprendidas por el colectivo cuentan con el respaldo jurídico del despacho Técnicas Legales de Cartagena, a través del abogado Pedro Antonio Martínez.