El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que dé “respuesta inmediata” a los requerimientos del Seprona para poder avanzar en la investigación abierta por la posible utilización de materiales contaminados en una cantera vinculada a obras públicas, más concretamente al uso de grava contaminada por metales pesados en las obras de la alta velocidad.

Lucas ha insistido en que el proceso se está llevando a cabo con “seriedad, rigor, diligencia y máxima transparencia”, y ha recordado que la investigación se inició tras una denuncia presentada el pasado martes en el cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco. Desde ese momento, el Seprona ha practicado varias diligencias y ha solicitado a la Comunidad Autónoma tres aclaraciones clave.

En concreto, ha detallado que se ha requerido al Gobierno regional que confirme si la empresa implicada tenía autorización para extraer materiales, si la cantera contaba con los permisos necesarios para su explotación y si en ese emplazamiento se depositaron residuos contaminados procedentes de la balsa Jenny, una obra dependiente de la administración autonómica.

El delegado ha subrayado que la autorización de canteras es competencia exclusiva del Gobierno regional, presidido por Fernando López Miras, y ha criticado que, a día de hoy, no se haya dado respuesta a estos requerimientos, lo que impide continuar con la investigación.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno regional es contestar con total transparencia porque estamos ante un asunto grave”, ha afirmado Lucas, quien además ha planteado dos preguntas directas: si la Comunidad puede garantizar que no ha օգտագործado materiales de esa cantera en obras públicas y, en caso de confirmarse el vertido de residuos, por qué la cantera sigue abierta.

El delegado también ha acusado a responsables del Partido Popular de “generar alarma y confrontación” en lugar de facilitar información, insistiendo en que lo prioritario es esclarecer los hechos cuanto antes.

Cruce de acusaciones con el Ayuntamiento

Estas declaraciones llegan después de que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, exigiera al Gobierno de España “explicaciones inmediatas” tras conocerse la investigación del Seprona sobre el posible uso de grava contaminada con metales pesados en las obras de la alta velocidad.

Arroyo ha advertido de que cualquier duda sobre la seguridad de la infraestructura, el impacto ambiental o la salud pública debe resolverse con rapidez para evitar nuevos retrasos en la llegada del AVE a Cartagena. En este sentido, ha reclamado al Ministerio de Transportes que garantice los controles y ha criticado la falta de claridad por parte del Ejecutivo central.

Además, la alcaldesa ha defendido la gestión municipal en proyectos como la Ciudad de la Justicia, asegurando que se han realizado informes técnicos que descartan contaminación, y ha acusado al PSOE y a la Delegación del Gobierno de “alimentar bulos” mientras, a su juicio, no se controla adecuadamente la obra ferroviaria.

Mientras tanto, la investigación sigue a la espera de la respuesta de la Comunidad Autónoma, clave para determinar si existen irregularidades, riesgos ambientales o posibles responsabilidades legales.