CARTAGENA. La rotura del emisario submarino de la estación depuradora Mar Menor Sur se ha convertido en una de las principales preocupaciones ambientales de los vecinos de Cabo de Palos. Desde que la conducción colapsó en 2022, el agua tratada por la planta se vierte junto a la costa de Cala Reona en lugar de ser conducida mar adentro, una situación que, según denuncian los colectivos vecinales, puede prolongarse todavía durante otros cuatro o cinco años hasta que se ejecute una solución definitiva.
Chefo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos y del colectivo ProCabo, sostiene que el problema no puede atribuirse únicamente al Estado. Como particular, también ha participado junto a otros residentes en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para reclamar que se investigue la situación. "Llevamos desde 2022 con las aguas depuradas saliendo en la orilla de Cala Reona y todavía pueden pasar cuatro o cinco años más", advierte.
El origen del conflicto se remonta a la infraestructura construida para evacuar el agua depurada de la planta Mar Menor Sur. El sistema estaba concebido para conducir el efluente varios kilómetros mar adentro y liberarlo a mayor profundidad. Sin embargo, el emisario sufrió distintas averías a lo largo de los años y la tubería instalada posteriormente terminó colapsando en 2022, con un tramo de la conducción desprendido y flotando frente al litoral.
Desde entonces, el vertido se realiza en las proximidades de Cala Reona. Las administraciones han insistido en que se trata de agua depurada y desinfectada, pero los vecinos alertan de que la planta trabaja con un tratamiento que consideran insuficiente para eliminar por completo nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, además de determinados contaminantes emergentes. "El agua está clorada, pero sigue teniendo una carga de nutrientes y otras sustancias que la depuradora no elimina", afirma Chefo, que teme los efectos acumulativos sobre el medio marino.
La depuradora recibe aguas residuales de un amplio territorio del entorno del Mar Menor y La Manga. Entre las poblaciones citadas por el representante vecinal figuran El Carmolí, Los Urrutias, El Algar, Llano del Beal, Los Belones, Los Nietos, Playa Honda, Mar de Cristal, Islas Menores, Cabo de Palos y La Manga, incluida la parte perteneciente al municipio de San Javier. Esta circunstancia, subraya, obliga a abordar el problema desde la cooperación entre administraciones y no como un conflicto exclusivo entre Cartagena y el Gobierno central.
El reparto de competencias es precisamente uno de los principales puntos de fricción. La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, incluye entre las competencias municipales el abastecimiento de agua potable y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Además, establece que todos los municipios deben prestar el servicio de alcantarillado. Dentro de este ámbito se encuentran la planificación, construcción y mantenimiento de la red municipal, el control de los vertidos y la elaboración y ejecución de proyectos de saneamiento y depuración.
Ese marco general no significa que todas las actuaciones necesarias para reparar el emisario correspondan únicamente a los ayuntamientos, ya que en la infraestructura intervienen también la Comunidad Autónoma y el Estado. Sin embargo, para los colectivos vecinales sí impide que las administraciones locales se desliguen por completo del problema. "La depuradora está en Cartagena y también recibe una parte importante de las aguas de San Javier. Los dos ayuntamientos tienen responsabilidad y la Comunidad Autónoma también debe implicarse", sostiene Chefo.
La solución planteada pasa por renovar el emisario e implantar un tratamiento terciario en la depuradora, más avanzado que el sistema actual. El proceso requiere la redacción y tramitación de los proyectos, su exposición pública, la licitación de las obras, la adjudicación y, finalmente, la ejecución. Esos plazos administrativos y constructivos alejan una respuesta inmediata y alimentan el malestar de los residentes.
"El camino del terciario está trazado, pero hace falta financiación y después ejecutar una obra compleja que no se hace de un día para otro", resume el representante vecinal. Su crítica se dirige especialmente a los mensajes con los que las administraciones aseguran haber reclamado celeridad al Ministerio para la Transición Ecológica. A su juicio, esa petición no resuelve la responsabilidad sobre las medidas provisionales que podrían adoptarse mientras llega la infraestructura definitiva.
Entre esas actuaciones intermedias figura la dosificación de sulfato de alúmina para mejorar la eliminación de fósforo del agua tratada. Según relata Chefo, se habían reservado alrededor de 350.000 euros para implantar este sistema, pero su puesta en marcha se retrasó por problemas administrativos. Los vecinos consideran que la medida debería haberse aplicado antes, aunque reconocen que solo serviría para reducir parte de la carga contaminante y no sustituiría la reparación del emisario ni la modernización completa de la depuradora.
A la avería de la conducción se suma otro problema estructural: la entrada de agua salada y de lluvia en la red de alcantarillado. Chefo explica que, durante episodios de precipitaciones intensas, el caudal que llega a la planta puede superar su capacidad de tratamiento y obligar a activar los sistemas de alivio previstos para estas situaciones. Los colectivos reclaman que, cuando esto ocurra, se cierre la playa de manera preventiva hasta disponer de análisis que garanticen la calidad del agua y que la señalización sea suficientemente visible para los bañistas.
La ubicación del emisario también genera rechazo. Cala Reona se encuentra junto a una zona de baño y pesca, próxima a espacios de elevado valor ambiental y a la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. "No entendemos que un enclave turístico y ambientalmente protegido tenga que soportar durante años esta situación", lamenta Chefo.
Los vecinos reclaman ahora un calendario público y verificable tanto para las medidas provisionales como para la solución definitiva, además de información clara cada vez que se produzca un episodio que pueda afectar a la calidad del agua. Su exigencia es que Cartagena, San Javier, la Comunidad Autónoma y el Estado detallen qué actuación corresponde a cada administración y con qué financiación y plazos se ejecutará. Cuatro años después de la rotura, aseguran, ya no basta con volver a señalar a otra institución.
