El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, han instado formalmente al CEO de Sabic, Abdulrahman Al-Fageeh, a mantener una reunión urgente ante la preocupación generada por los planes anunciados por la multinacional en su planta de Cartagena.
Ambos responsables firmaron conjuntamente una carta en la que trasladan al máximo directivo de la compañía la inquietud institucional por el futuro de la actividad industrial y, especialmente, por el impacto que cualquier decisión pueda tener sobre el empleo. En el escrito subrayan que la protección de los puestos de trabajo es una prioridad absoluta y reclaman un seguimiento directo de la situación para explorar todas las opciones y soluciones posibles.
El movimiento del Ejecutivo regional se produce tras las reuniones mantenidas por López Miras y la alcaldesa de Cartagena con el Comité de Empresa. Este jueves, durante su intervención en la Asamblea Regional, el presidente murciano fue claro al asegurar que el Gobierno está actuando exactamente conforme a lo solicitado por los representantes de los trabajadores.
“Nos pidieron que hablásemos con la empresa, que saliésemos de la incertidumbre, que exigiéramos que Sabic se hiciera cargo de la situación, un plan de recolocación y un plan social. Exactamente eso es lo que vamos a hacer”, afirmó López Miras.
El presidente explicó que esas exigencias se trasladarán directamente a la dirección de la multinacional y que lo hará de la mano del Ministerio de Industria. “Ayer el ministro de Industria y yo enviamos una carta al CEO de Sabic para reunirnos de forma urgente con él y aclarar estos aspectos que nos ha pedido el Comité de Empresa”, señaló.
López Miras defendió que esta actuación responde a una cuestión de responsabilidad institucional y de compromiso con las familias afectadas. “Esto es trabajar por esas familias, intentar ayudarlas y darles certidumbre”, concluyó.
La reunión solicitada pretende despejar las incógnitas sobre el futuro de la planta, exigir compromisos concretos a la empresa y garantizar que cualquier reestructuración incluya medidas sociales y laborales que eviten un impacto traumático en el empleo industrial de Cartagena.
