La decisión del Ayuntamiento de Cartagena de actualizar su ordenanza de venta ambulante de 2016 se enmarca en un debate creciente en muchas ciudades españolas: cómo adaptar la normativa municipal a las nuevas formas de comercio surgidas con fuerza en la última década, especialmente tras la pandemia. La expansión de la economía circular y el auge de la compraventa de artículos de segunda mano -en particular, ropa- han transformado los tradicionales mercadillos en espacios donde conviven vendedores clásicos con nuevos modelos de negocio que reclaman regulación específica.

En el caso cartagenero, la modificación de la ordenanza busca dar cabida a estos cambios, incorporando exigencias en materia de trazabilidad de los productos, garantías sanitarias y condiciones mínimas de salubridad para la ropa de segunda mano. Estas preocupaciones no son nuevas: en municipios como Madrid o Málaga se han registrado debates similares, e incluso en algunos lugares se ha optado por prohibir directamente este tipo de venta por la dificultad de verificar el origen y el estado de los productos, lo que ha generado tensiones entre los defensores del comercio circular y quienes exigen mayores controles.

A nivel nacional, el fenómeno se cruza con directrices europeas sobre sostenibilidad y reutilización de materiales, pero también con vacíos normativos. Por eso, desde Cartagena se está realizando un análisis de la legislación europea que sirva de base para integrar estos modelos dentro de un marco legal que garantice tanto la seguridad del consumidor como la competitividad del comercio ambulante tradicional.

Otro aspecto relevante es el del relevo generacional de los vendedores ambulantes, un problema compartido por múltiples municipios en España. En muchos casos, las licencias municipales han pasado de padres a hijos sin una regulación clara, lo que ha generado inseguridad jurídica y conflictos administrativos. Cartagena aprovechará la reforma para clarificar y agilizar estos procesos.

La revisión de la ordenanza municipal de venta ambulante en Cartagena no es un caso aislado, sino que refleja una necesidad común en todo el país: adaptar la normativa local a los desafíos de un comercio en transformación, en el que conviven la tradición de los mercadillos con las nuevas formas de consumo responsable y sostenible.