CARTAGENA. La Intervención General del Ayuntamiento de Cartagena formuló 159 objeciones que paralizaron la tramitación de gastos municipales durante 2025. La mayoría estuvieron relacionadas con servicios que se seguían prestando sin un contrato en vigor, según el informe de control interno del pasado ejercicio. Para evitar que esta situación se repita, el órgano fiscalizador pide sacar antes a licitación los contratos de servicios que deben renovarse periódicamente.
La Comisión Informativa de Hacienda e Interior, presidida por Ignacio Jáudenes, ha tomado conocimiento de ese informe y del Plan Anual de Control Financiero de 2026, que fija las auditorías y comprobaciones previstas para este año.
Entre las tareas pendientes figura la actualización del inventario municipal, sin revisar desde 2019. La Intervención también plantea mejorar el control de los gastos de personal mediante retenciones de crédito: reservar dinero en el presupuesto antes de asumir determinadas obligaciones.
El plan de 2026 prestará especial atención a las grandes concesiones municipales de agua, basura y transporte. Asimismo, revisará las obligaciones pendientes de cargar al presupuesto —la denominada cuenta 413— y los mecanismos de supervisión de la tasa de recogida de residuos.
Otra de las actuaciones previstas es revisar la conexión entre los sistemas informáticos de Nóminas, Contabilidad, Patrimonio y Recaudación. El objetivo es corregir las dificultades actuales para compartir información entre estas áreas.
Las auditorías de las entidades dependientes del Ayuntamiento ofrecen resultados diferentes. Las cuentas del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, la Fundación Rifa Benéfica Casa del Niño y el Consorcio La Manga recibieron una opinión favorable. En cambio, las de la ADLE, Gestión Recaudatoria, Cartagena Puerto de Culturas y Casco Antiguo presentan salvedades o denegaciones de opinión. La Intervención señala que deben mejorar, entre otros aspectos, la documentación de sus bienes y existencias y la contabilización de convenios y subvenciones.
El informe también recoge resultados positivos: las auditorías operativas apuntan a una situación adecuada de liquidez y tesorería en las sociedades municipales y al cumplimiento de los plazos de pago a proveedores. Además, no se detectaron expedientes tramitados sin la intervención obligatoria del órgano fiscalizador. En el control de subvenciones, los beneficiarios devolvieron voluntariamente los fondos no justificados, sin necesidad de iniciar procedimientos para exigirles el reintegro.
