CARTAGENA (EFE). La mercantil Cartagena Parque, propiedad del empresario cartagenero Tomás Olivo, ha negado ser la dueña de la totalidad de los suelos ni de las balsas con residuos de la antigua Española del Zinc (Zinsa) en El Hondón. La aclaración de la compañía se produce tras anunciarse este miércoles pasado en la Asamblea Regional por el Gobierno autonómico la imposición de multas coercitivas mensuales a la empresa, por el supuesto incumplimiento de los requerimientos de descontaminación en los terrenos colindantes al barrio de Torreciega.
Desde Cartagena Parque señalan que la Administración autonómica “omite” que la firma no es propietaria de toda la superficie afectada. Según la mercantil, la adquisición se produjo mediante una subasta judicial sobre 159.446 metros cuadrados de los 480.000 que ocupaba la instalación industrial. Según la versión de la empresa, al acudir al Registro de la Propiedad descubrió que solo se le adjudicaron dos parcelas -un tercio del total- correspondientes a las viejas edificaciones de la fábrica, mientras que el resto de los terrenos, incluidas las balsas de residuos, continúan formalmente registrados a nombre de Zinsa.
El conflicto se encuentra actualmente judicializado en la vía civil, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación impulsado por Cartagena Parque al sentirse “engañada” sobre las dimensiones y el grado de contaminación del suelo adjudicado, indica en un comunicado la compañía.
Pese a las continuas protestas de vecinos y colectivos ecologistas, desde la empresa aseguran que no se niegan a acometer los trabajos de regeneración, pero acotados estrictamente a la franja de su propiedad. Cartagena Parque ha apelado al principio medioambiental de “quien contamina paga”, recordando que compró el lote en 2019 -más de una década después del cese de actividad de Zinsa- y que la propia Administración regional es parte personada en el procedimiento judicial en curso.
La mercantil, que se ofrece a negociar, ha sido sancionada el pasado mes de enero por el Gobierno regional con 2 millones de euros por negarse a realizar la descontaminación integral de la total de la finca. En agosto se le volvió a remitir un requerimiento en el que se daba tres meses de plazo para proceder a la limpieza del suelo y el vaciado de las balsas. La compañía insiste en que “las balsas no son nuestras”, al estar fuera de su propiedad, adjuntando un plano del Registro de la Propiedad en el que está coloreado en verde el terreno propiedad de Cartagena Parque, dividido por la avenida Tito Didio, mientras que el gris claro se corresponde a parcelas registradas aún a nombre de Zinsa y el azul las balsas con residuos.
- Plano presentado por Cartagena Parque del Registro de la Propiedad (su zona es la azul) -
