CARTAGENA. La Asociación de Vecinos del Camping Villas Caravaning La Manga, defendida por el abogado Pedro Antonio Martínez García, informa en un comunicado de que este jueves se ha celebrado la audiencia previa del procedimiento judicial promovido frente a la Comunidad de Propietarios y Caravaning Costa Cálida, S.L.
Al inicio de la vista se constató la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, al mantenerse posiciones muy enfrentadas entre las partes. A continuación, el Tribunal ha desestimado las cuestiones procesales planteadas por la parte demandada, que pretendían impedir que el procedimiento continuara hasta juicio. Superadas estas cuestiones, el procedimiento seguirá adelante y se ha señalado la celebración del juicio para el próximo 4 de febrero de 2027.
Fuentes de la asociación indican que "entre las cuestiones que serán objeto de debate y prueba se encuentra la situación de bloqueo en el funcionamiento de la comunidad, destacando que durante 2026 todavía no se ha convocado la asamblea anual, pese a estar prevista su celebración en el Reglamento de Régimen Interior y pese a que numerosos copropietarios solicitaron expresamente su convocatoria mediante recogida de firmas".
También se abordará la problemática relacionada con la individualización del suministro de agua y la instalación de contadores individuales. La Asociación sostiene que se ha producido "una actitud obstruccionista por parte de la administración del complejo que ha dificultado el avance de estas actuaciones, llegando el Ayuntamiento de Cartagena a tener que promover una autorización judicial de entrada al recinto para posibilitar actuaciones relacionadas con esta cuestión".
La Asociación también valora positivamente el resultado de la audiencia previa, "al haberse despejado los obstáculos procesales planteados por la parte contraria y quedar abierto el camino para que el Tribunal pueda examinar en juicio la situación actual de Villas Caravaning, el funcionamiento de su administración y las consecuencias que dicho modelo está produciendo para los copropietarios".
La Asociación termina su comunicado afirmando que "continuará defendiendo judicialmente una gestión eficaz, transparente y orientada a solucionar los graves problemas que afectan al complejo y a sus vecinos".
