El barrio cartagenero de Torreciega vive sumido en una situación crítica derivada de la contaminación generada por los residuos tóxicos de la antigua fábrica Española de Zinc. Esta problemática, que afecta directamente la salud de los vecinos, ha sido el centro de múltiples demandas, investigaciones científicas y un creciente malestar social, como se evidenció Pedro Javier, miembro de la Plataforma contra la Contaminación, y José Manuel, portavoz jurídico del movimiento.

Pedro Javier resumió el sentir del barrio: “Nos sentimos abandonados. La Administración no ha dictado ni una sola medida paliativa mientras los vecinos sufrimos los efectos de estos residuos”. Desde el cierre de la fábrica en 2008, los restos de metales pesados han quedado expuestos, sin un plan de acción claro para su eliminación o contención. Según el activista, este proyecto de descontaminación, que podría extenderse durante una década, aún no ha comenzado formalmente, mientras el envenenamiento “invisible” sigue afectando a los habitantes.

Los datos son alarmantes. Según Pedro, los niveles de plomo y cadmio en la sangre de los vecinos son anormalmente altos. Además, señaló que la incidencia de cáncer en Torreciega “supera con creces” la media nacional, con una proporción de 12 casos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de lo esperado.

José Manuel, responsable de los aspectos legales de la plataforma, enfatizó que la contaminación del barrio ya no es una percepción de los vecinos, sino un hecho científico documentado. “Las concentraciones de metales pesados detectadas en el aire, los espacios públicos y dentro de las viviendas son extremadamente peligrosas para la salud humana. Si estuviéramos en un país civilizado, Torreciega estaría clausurado”, afirmó.

El abogado también subrayó la negligencia de la Administración como principal responsable de la situación. Recordó que desde el cierre de la fábrica en 2008, se han acumulado informes y analíticas que advertían del riesgo de los residuos. Sin embargo, ninguna medida efectiva fue tomada, como la ejecución subsidiaria que legalmente correspondía para sellar y clausurar las celdas contaminantes.

A pesar de que en 2024 se dictó una medida cautelar para evitar la dispersión de los residuos, esta aún no se ha ejecutado. José Manuel destacó que el procedimiento penal permite adoptar medidas inmediatas para evitar la comisión de un delito, como cubrir los residuos con geotextil y tierra, pero la Administración y el juzgado han dilatado los plazos con argumentos burocráticos.

“Llevamos 16 años de inacción y lo único que vemos son intentos de hacer un borrón y cuenta nueva. La Administración falta a la verdad cuando dice que no hay proyectos previos. Los hay, pero nunca fueron ejecutados”, denunció el abogado.

La plataforma ha ampliado su demanda judicial, incorporando un estudio técnico-científico que acredita el daño que los metales pesados están causando en la población. Este informe revela que las concentraciones de cadmio en Torreciega superan en 251 veces los niveles registrados en otras zonas de Cartagena y en 581 veces los de localidades como Avilés, en Asturias.

“Estamos hablando de datos objetivos, no de opiniones. Ahora es responsabilidad de la Administración gastar el dinero en solucionar el problema, no en hacer más informes para justificar su inacción”, concluyó José Manuel.

Los habitantes de Torreciega han organizado manifestaciones, presentado demandas y exigido respuestas tanto al Ayuntamiento de Cartagena como al Gobierno regional. Pero mientras el tiempo pasa, los problemas de salud y la contaminación siguen empeorando.

Noelia Arroyo: "La hoja de ruta es clara y contundente contra la descontaminación"

La alcaldesa de Cartagena explicaba, por su parte que en materia de contaminación existe "una hoja de ruta clara, contundente para llevar a cabo la descontaminación de los suelos contaminados y además avalada por la justicia, por los jueces". A Ercross se le va a exigir a que lleve a cabo la descontaminación del suelo "tal y como marca la normativa y tal y como ha exigido ya la justicia y en Zinsa ya se ha invitado, forzado también por la justicia y por la administración regional junto con el Ayuntamiento de Cartagena, al propietario a que lleve a cabo la descontaminación nada más y nada menos que de 150.000 toneladas de residuos. Se ha iniciado el procedimiento para la descontaminación por parte del propietario, como digo con medidas muy contundentes por parte de la administración, avaladas por los jueces".