CARTAGENA. Atender la llegada de una patera puede dejar las calles de Cartagena sin las patrullas de Policía Nacional que están de servicio. Es la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que reclama una plantilla propia para el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y advierte de que su funcionamiento se sostiene retirando agentes de la seguridad ciudadana. A esa falta de efectivos se suman las carencias que describe la Guardia Civil: instalaciones provisionales con goteras, vehículos envejecidos y un nuevo cuartel cuya construcción sigue sin arrancar, según sus representantes.
El diagnóstico lo han trasladado los sindicatos y las asociaciones profesionales en un encuentro con la alcaldesa, Noelia Arroyo, celebrado junto al solar de la antigua casa cuartel. La reunión ha servido para volver a reclamar medios y personal, pero también para explicar cómo esas deficiencias repercuten en el servicio que reciben los vecinos.
El secretario general del SUP en la Región de Murcia, Adrián Rodríguez, sitúa uno de los principales problemas en la ausencia de una plantilla fija para el CATE. La recepción de los migrantes, los traslados y su posterior custodia obligan, sostiene, a utilizar a los policías que deberían estar patrullando. "Cada vez que se abran las puertas del CATE, Cartagena se queda sin Policía Nacional", afirma.
Rodríguez precisa que se refiere a los efectivos que en ese momento prestan servicio en la calle. Según denuncia, su traslado al centro ha dejado sin respuesta avisos por delitos graves. Recuerda incluso un homicidio ocurrido hace años al que, asegura, tuvo que acudir la Policía Local ante la falta de disponibilidad de los agentes nacionales.
El sindicalista insiste en que el problema no aparece únicamente cuando se producen llegadas numerosas. También la atención a diez o quince personas exige organizar la recepción, el traslado y la vigilancia. Por eso reclama que el centro disponga de personal permanente, de forma que su apertura no dependa de retirar las patrullas del resto del municipio.
La situación de la Guardia Civil tiene otro escenario: el antiguo colegio Antonio Arévalo, donde parte de sus efectivos continúa trabajando de forma provisional tras el desalojo del cuartel. El vicepresidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Francisco Fernández Larios, denuncia que las filtraciones de agua siguen sin resolverse. "Cada vez que llueve cae tanta agua dentro como fuera de las instalaciones", señala.
Larios describe reparaciones parciales que no solucionan el deterioro y reprocha a las administraciones que se remitan unas a otras la responsabilidad de actuar. Según explica, la Comunidad Autónoma alude al uso del inmueble por la Guardia Civil y el cuerpo, a la titularidad autonómica del edificio. Mientras tanto, los agentes siguen trabajando con goteras.
La provisionalidad alcanza también a las familias que tuvieron que abandonar la antigua casa cuartel. El representante de AEGC cifra en 38 meses el tiempo transcurrido desde el desalojo y recuerda que se les trasladó un plazo de 30 meses para disponer de las nuevas instalaciones. Las familias, añade, han tenido que asumir el coste de un alquiler mientras esperan una solución.
A la demora se suma la incertidumbre sobre las futuras viviendas. Larios sostiene que la información que han recibido apunta a una reducción a la mitad, lo que dejaría a parte de los afectados sin la posibilidad de regresar. Arroyo también cuestiona la falta de avances y reclama que se concrete la construcción del nuevo acuartelamiento.
El Gobierno anunció el pasado 25 de marzo una inversión mínima de 20 millones de euros para las dependencias operativas y una primera fase de viviendas, dentro del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, defendió entonces que la financiación estaba asegurada y que la actuación no dependía de la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Las críticas de los representantes profesionales se centran ahora en la espera y en las condiciones en las que siguen trabajando.
Las carencias que enumera AEGC van más allá del edificio. Larios denuncia un parque móvil escaso, con vehículos que superan los 400.000 kilómetros, y asegura que hay agentes que todavía no disponen de chaleco antibalas propio. En el Servicio Marítimo reconoce una mejora con la llegada de otra embarcación, aunque considera que los medios siguen siendo insuficientes y reclama también refuerzos en tierra para atender los dispositivos.
La asociación advierte, además, de que la creación de unidades especializadas no siempre ha ido acompañada de más personal. Según Larios, los efectivos destinados a combatir la violencia de género o los delitos informáticos se han detraído de seguridad ciudadana, reduciendo la capacidad de patrulla. No ofrece una cifra concreta del déficit en Cartagena: considera necesario un estudio de las necesidades y se muestra dispuesto a participar en él.
A estas demandas locales se añaden las reivindicaciones compartidas por ambos cuerpos sobre el reconocimiento como profesión de riesgo, la jubilación y la equiparación salarial con otras policías. Los representantes también reprochan al delegado del Gobierno que no les haya recibido pese a las peticiones de reunión y vuelven a reclamar un encuentro para trasladarle sus problemas.
Arroyo ha anunciado que el PP llevará al próximo pleno municipal una iniciativa para reclamar el reconocimiento como profesión de riesgo. La alcaldesa responsabiliza al Ejecutivo central de las carencias y contrapone el refuerzo de la Policía Local: cifra la plantilla en 311 agentes y señala que está en marcha otra convocatoria para incorporar 38 efectivos. Admite, en cualquier caso, que las actuaciones municipales permiten paliar las deficiencias, pero no resolver a largo plazo la falta de medios de Policía Nacional y Guardia Civil.
