CARTAGENA. La Autoridad Portuaria de Cartagena busca asesoramiento externo para revisar su sistema de igualdad, analizar las diferencias retributivas y actualizar los protocolos de prevención y actuación frente al acoso. El contrato contempla un presupuesto inicial de 66.550 euros, IVA incluido, para dos años y abarca desde la elaboración de diagnósticos hasta la implantación de medidas y el seguimiento de sus resultados.
El servicio también se extenderá a la inclusión de las personas LGTBI, la conciliación, la desconexión digital y la incorporación de la perspectiva de género a la prevención de riesgos laborales. La empresa adjudicataria prestará apoyo técnico y jurídico al Departamento de Recursos Humanos, la Comisión de Igualdad y los órganos que intervengan en la negociación y aplicación de estas actuaciones.
La contratación, prevista mediante procedimiento abierto simplificado y con adjudicación a la oferta con mejor relación calidad-precio, podrá prolongarse durante dos años más. Cada prórroga anual contará con un presupuesto de 18.150 euros con impuestos, de modo que el importe máximo previsto para los cuatro años asciende a 102.850 euros.
Uno de los apartados del encargo será el examen de la situación retributiva. La adjudicataria deberá elaborar, revisar o actualizar el registro salarial, la auditoría retributiva y la valoración de los puestos de trabajo con perspectiva de género, además de preparar un informe sobre la brecha salarial y proponer medidas correctoras.
El pliego contempla igualmente un diagnóstico de situación y la elaboración o actualización del Plan de Igualdad, junto con los informes que permitan comprobar su aplicación. El trabajo incluirá procedimientos para integrar la igualdad en la selección de personal, la promoción profesional y la formación.
La prevención del acoso ocupa otro de los bloques del contrato. La consultora deberá elaborar o revisar los protocolos frente al acoso sexual, por razón de sexo y laboral o psicológico, con instrucciones sobre cómo comunicar las posibles conductas, tramitar las denuncias y proteger a las personas afectadas.
En el caso del acoso sexual y por razón de sexo, el documento exige que el protocolo detalle las distintas fases del procedimiento: recepción y admisión de denuncias, actuaciones preliminares, medidas cautelares, investigación, entrevistas, valoración de pruebas y seguimiento posterior. También deberá recoger garantías de confidencialidad, imparcialidad, presunción de inocencia y protección frente a represalias para víctimas, denunciantes y testigos.
La empresa prestará asesoramiento especializado cuando se tramiten estos procedimientos internos y podrá elaborar informes, aunque la instrucción y las decisiones seguirán correspondiendo a la Autoridad Portuaria, según delimita el pliego.
El servicio incorporará además un protocolo o medidas planificadas para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI. A ello se sumarán políticas de diversidad e inclusión, conciliación y corresponsabilidad, comunicación y lenguaje inclusivo, así como procedimientos internos de gestión de incidencias y resolución de conflictos.
Los derechos digitales también tendrán su espacio, con la preparación de protocolos de desconexión digital y utilización de dispositivos electrónicos. El encargo incluye, asimismo, un manual de cláusulas de igualdad para incorporarlas a contratos, convenios, subvenciones y otros instrumentos jurídicos.
El calendario fija un primer plazo de dos meses desde el inicio del contrato para revisar la documentación existente, identificar necesidades y presentar el diagnóstico inicial y el plan de trabajo. La elaboración de los documentos deberá completarse en un máximo de seis meses.
La siguiente fase, con un límite de nueve meses desde el comienzo del servicio, comprenderá el apoyo a la negociación, la preparación de las versiones definitivas y la asistencia para su aprobación e implantación. Cuando sea necesario, la empresa también preparará la documentación para su inscripción o comunicación a los organismos competentes.
A partir de entonces, el contrato se centrará en el seguimiento y la actualización del sistema, con informes semestrales y una memoria anual. La adjudicataria deberá atender consultas, proponer mejoras, desarrollar acciones formativas y adaptar los documentos a los cambios normativos que se produzcan durante la vigencia del servicio.
