CARTAGENA. La Autoridad Portuaria de Cartagena ha licitado el servicio de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud y formación de sus trabajadores, con un presupuesto máximo de 102.497 euros, impuestos incluidos. El contrato tendrá una duración de doce meses desde el día siguiente a su firma y no contempla prórrogas.
La contratación abarca las cuatro especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. También incorpora una prestación diferenciada para realizar reconocimientos médicos al personal que desempeña funciones relacionadas con la seguridad de la circulación ferroviaria.
El pliego toma como referencia una plantilla prevista de 200 trabajadores, frente a los 180 empleados de media anual registrados en 2025. Describe cinco centros de trabajo principales y diferencia entre el personal de las dependencias administrativas, técnicas y de apoyo y los aproximadamente 55 efectivos de la Policía Portuaria, que prestan servicio durante las 24 horas del día. El presupuesto antes de impuestos asciende a 89.330 euros. El procedimiento es abierto y el plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 6 de octubre.
Evaluación de los riesgos y seguimiento de las medidas correctoras
La empresa adjudicataria deberá mantener actualizadas las evaluaciones de riesgos de los distintos puestos y revisar las medidas preventivas cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo, se incorporen nuevos equipos o se detecten accidentes o daños para la salud.
Entre las obligaciones figura una evaluación integral de los riesgos psicosociales durante el año de vigencia del contrato, acompañada de propuestas de actuación cuando los resultados lo requieran. Este análisis deberá considerar factores relacionados con la organización del trabajo y la carga física o mental de las tareas.
La documentación también exige adaptar la prevención a las características del entorno portuario, donde coinciden el tráfico de vehículos y maquinaria, la manipulación de cargas, los trabajos en altura y la presencia de mercancías peligrosas, entre otras actividades.
Para supervisar el servicio, la adjudicataria tendrá que presentar un plan de control durante el primer mes y elaborar informes mensuales sobre las actuaciones realizadas, las incidencias y las medidas correctoras. Las solicitudes ordinarias deberán recibir respuesta en un máximo de tres días hábiles, mientras que las situaciones urgentes exigirán una primera respuesta técnica en un plazo máximo de 24 horas.
Reconocimientos médicos y formación adaptada a los puestos
El presupuesto contempla 200 reconocimientos médicos básicos, junto con las pruebas complementarias previstas, dentro de una partida de vigilancia individual de la salud de 17.630 euros. Los exámenes deberán ajustarse a los riesgos de cada puesto y realizarse en instalaciones próximas que permitan reducir los desplazamientos y las ausencias del personal.
A ello se añade una partida independiente de 9.000 euros para treinta reconocimientos de aptitud psicofísica del personal ferroviario, a razón de 300 euros por persona. Estas pruebas deberán efectuarse en un centro homologado y tendrán una gestión diferenciada respecto a los reconocimientos laborales ordinarios.
La formación concentra la mayor dotación del presupuesto, con un máximo de 45.800 euros antes de impuestos. El programa incluye materias como primeros auxilios, seguridad vial, trabajos en altura, prevención en oficinas, trabajo a turnos y uso de pantallas. Las actividades podrán adaptarse a las necesidades detectadas y se facturarán según la formación efectivamente impartida.
El resto del presupuesto se distribuye entre los 11.400 euros del servicio preventivo de las cuatro especialidades y los 5.500 euros destinados a mediciones de exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
El contrato también exige una aplicación móvil para que los trabajadores consulten citas médicas, formación, certificados y avisos, además de una plataforma de gestión documental. La herramienta deberá permitir seguir cada actuación desde su solicitud hasta su cierre, con identificación del responsable y de las fechas de ejecución y entrega.
